04 de junio de 2017
04.06.2017
Consulta separatista

Moncloa advierte a los funcionarios de las consecuencias del referéndum

El Ejecutivo recuerda que la primera obligación de un empleado público es la "lealtad" a la Carta Magna

04.06.2017 | 14:22

Moncloa es consciente de que los funcionarios catalanes son una pieza clave en la hoja de ruta independentista y confía en que no sucumban a las presiones del Gobierno catalán ante el referéndum. Por eso, ve importante recordar que la primera obligación de un empleado público es la "lealtad" a la Constitución y que su incumplimiento puede llevar a incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales.

Así se recoge en uno de los argumentarios internos que maneja Moncloa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incluyen también algunas pautas de defensa jurídica que pueden seguir en caso de recibir órdenes de dudosa legalidad por parte del Gobierno de Carles Puigdemont.

El Ejecutivo del PP confía en que los funcionarios no se arriesgarán a posibles sanciones y a ser apartados de un puesto que han logrado por oposición. El pasado viernes, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, fue preguntado expresamente por el papel que esperan de los funcionarios si se convoca el referéndum y dijo que no dudaba de que cumplirían con la ley y "con lo que ordena el Tribunal Constitucional".

La obediencia al superior no exime responsabilidad


En cualquier caso, en Moncloa no creen que esté de más recordar que la primera obligación de empleado público en cualquier administración, ya sea estatal, autonómica o local, es la "lealtad" a la Constitución y el debido acatamiento a las leyes.

En este sentido, subrayan que los funcionarios públicos que infrinjan ese "esencial deber de lealtad" a la Carta Magna pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales. Y señalan -en el citado argumentario- que la obediencia debida a los superiores jerárquicos no es una cláusula general de exención de responsabilidad.

Este recordatorio se produce en medio de las presiones que, según fuentes consultadas, se están ejerciendo sobre algunos funcionarios catalanes. En este plano enmarcan declaraciones como las que realizó recientemente el diputado de Junts pel Sí (JxSí) Lluis Llach instando a sancionar a los funcionarios que incumplan la llamada Ley de Transitoriedad catalana.

No alimentar el "victivismo" de Puigdemont


Sin embargo, el Gobierno está evitando contestar a cada una de las "provocaciones" de Puigdemont -entre las que cita las de hace unos días retando a Rajoy a aclarar su usará la fuerza- para no "alimentar el victimismo", según fuentes gubernamentales.

Hace unos días, la consejera de Gobernación catalán, Meritxell Borràs, acusó al Gobierno de Rajoy de querer "amenazar" a los funcionarios y dijo que, ante el proceso político que vive Cataluña, "preservarán y protegerán a los trabajadores públicos", sin ponerlos "en riesgo".

Fuentes de Moncloa lamentan que el Gobierno catalán "intente dar la vuelta" a la situación porque, según explican, lo único que están haciendo es trasladar a los funcionarios que tienen amparo legal y que pueden no obedecer una orden que vaya contra la Carta Magna y las resoluciones del TC.

En el citado argumentario que ha recogido Europa Press, el Gobierno destaca que los funcionarios públicos que en cumplimiento de su deber de lealtad a la Constitución incumplan órdenes de sus superiores jerárquicos no pueden incurrir en ninguna responsabilidad, cuando esas órdenes sean "claramente contrarias" al ordenamiento constitucional.

Todo por escrito


En este punto, cree que es recomendable que el funcionario que reciba una orden contraria a la Constitución exija a su superior jerárquico que sea por escrito. Éste es uno de los asuntos que estuvo encima de la mesa en la reunión que a primeros de mayo mantuvo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra.

La 'número dos' del Gobierno conoció de primera mano el protocolo diseñado por el sindicato, que aconseja a los empleados públicos que, en caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. De esta manera se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

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