06 de junio de 2017
06.06.2017
Trama corrupta

Procesado el expresidente de Murcia por el caso Púnica

El auto sitúa a Pedro Antonio Sánchez a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados

06.06.2017 | 15:08
El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Enrique Quiñonero, en un auto notificado solo unas horas después de tomar declaración a Pedro Antonio Sánchez, acuerda la conclusión de las diligencias previas del conocido como caso Púnica en relación al expresidente y a David Conesa, un miembro de su gabinete cuando era consejero de Educación. El instructor, a la vista de las actuaciones remitidas por la Audiencia Nacional, y una vez oída la declaración de Sánchez, estima que se han practicado las diligencias "necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y el grado de participación en los mismos de los investigados" y ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado.

El auto del magistrado sitúa a Pedro Antonio Sánchez a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Aunque el juez da a las partes diez días para que digan si debe decretar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones, el auto significa que el magistrado del TSJ ve indicios muy claros de que se ha podido cometer delitos de corrupción política. Con que una de las acusaciones lo pida, se puede decretar juicio oral.

El auto de Quiñonero señala que "una vez valorada de forma conjunta las transcripciones telefónicas, los datos de geolocalización de los terminales, el material intervenido y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción, el auto sintetiza en tres párrafos como hechos punibles los siguientes:Los contactos del que fuera consejero de Educación y un miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas para mejorar la imagen pública de Pedro Antonio Sánchez; las condiciones negociadas y el acuerdo de sufragarlas con el desvío de fondos públicos destinados a formación; y que la operación policial del finales de octubre de 2014 impidieron que los trabajos reputacionales no se efectuaran, los contratos no se formalizaran y las sumas no llegaran a cobrarse".

El juez estima que de estos hechos "aparecen presuntamente como responsables" los investigados y, que según recoge la fundamentación de la resolución, podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública.

Tras esta resolución, una vez firme, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tendrán 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, "sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación", concluye la parte dispositiva del auto.

PAS insiste en que no contrató con la Púnica


Sánchez ha negado de nuevo que contratara servicios con empresas de la trama Púnica, y ha dicho que solo se reunió en una ocasión con los representantes de esas compañías a petición de las mismas, que insistieron durante diez meses en lograr algún contrato.

Sánchez ha hecho esas declaraciones a los medios de comunicación tras declarar durante aproximadamente una hora ante el TSJ de Murcia en el marco de la operación Púnica, en la que está investigado (antes imputado) por posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.

En concreto, según la exposición razonada de la Audiencia Nacional, donde se investiga el grueso de esta trama, Sánchez habría acordado con empresas de la trama la contratación de trabajos para mejorar su reputación en internet en 2014, cuando era consejero de Educación, y con la intención de cargar esos contratos al presupuesto de la Consejería.

Sánchez, que sigue siendo diputado y presidente del PP murciano, ha insistido en una breve comparecencia en un hotel cercano a la sede del tribunal (en la que ha estado acompañado por el portavoz regional del PP, Víctor Martínez), en que nunca contactó con estas empresas por iniciativa propia ni se reunió en cuatro ocasiones con sus representantes, como apunta la investigación.

Por el contrario, ha dicho, los representantes de las empresas mantuvieron durante diez meses una campaña "comercial agresiva" ofreciendo sus servicios y solo se encontró con ellos una vez en la que presentaron su proyecto, como se hace "con tantos otros representantes" de todo tipo de entidades.

"Las cuatro reuniones no se produjeron y se ha podido acreditar que no es así", ha reiterado, y ha insistido en que si concertó una cita con estas empresas fue en el ámbito habitual de actuación de cualquier cargo público, que pasa "más de la mitad del día dedicado a recibir gente".

"Lo que se hizo fue escucharles, pero no se contrató nada", ha repetido, y ha considerado que solo se le puede acusar de "marear" a esas empresas o de "atenderles", pero nunca trabajaron con la consejería de Educación cuando él era titular.

Además, ha considerado "imposible" la idea transmitida por la acusación de que el contrato no se materializó porque estalló antes la trama, pero estaba previsto empezar en "unas semanas", ya que para iniciar un expediente de contratación en una consejería, como era el caso, se necesita un plazo de al menos cinco meses.

Según ha indicado, ha presentado "más de diez certificados oficiales" que acreditan que "nunca se inició un expediente, nunca se dio el visto bueno, nunca se aprobó, nunca se concertó".

Además, ha mostrado a los medios de comunicación una hoja de pedido de servicio de una de las empresas de la trama que forma parte de la investigación y en la que aparece un presupuesto de 32.200 euros anuales para trabajos de reputación online, pero en la que ni se han completado los campos referentes al contratante, ni se ha firmado, sino que todo el documento está en blanco.

Este documento, ha dicho, evidencia que "nunca se acordó nada" con la trama, y ha subrayado que esta investigación responde a una "intención política", puesto que el PSOE es parte de la acusación particular.

En cualquier caso, ha subrayado que confía plenamente en la justicia, y ha lamentado que "es gratis machacar a alguien con pruebas tan evidentes de que no ha habido nada".

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