Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley para restringir los contratos en prácticas al ámbito universitario y que una empresa que quiera seguir contando con un becario tenga que contratarlo una vez éste concluya sus estudios.

La iniciativa legislativa, que desarrolla una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Empleo de la Cámara Baja, busca aprobar un Estatuto del Becario con la que asegurar "unos mínimos derechos y mínima remuneración", tal y como han asegurado este martes los diputados Segundo González (Podemos) y Aina Vidal (En Comú).

En este sentido, han denunciado el "fraude laboral" que tiene lugar en las prácticas académicas externas, pues aseguran que en muchas ocasiones sirven para sustituir labores similares a las de un trabajador contratado y carecen del carácter formativo con el que se concibe esta relación.

Para garantizar "la calidad formativa" de estas prácticas quieren que sólo puedan desarrollarse en el ámbito universitario y con el control de los propios centros, y evitar así que otros centros de formación puedan proporcionar este tipo de contratos. Así, según subrayan en la iniciativa, las prácticas académicas externas "serán exclusivamente curriculares".

Cuotas semanales

La proposición de ley incluye límites a las prácticas dentro de las titulaciones académicas de las que forman parte-hasta el 10% de los créditos en estudios de Grado y del 25% en los de Posgrad--, pudiendo realizarse una vez el estudiante haya superado el 50% de los estudios.

Asimismo, establece límites de 5 horas diarias y 25 semanales para la realización de las prácticas académicas en período lectivo -7 horas diarias y 35 semanales en no lectivo- y un descanso mínimo de 48 horas ininterrumpido a la semana.

También establece cuotas a las empresas para la contratación simultánea de estudiantes, con un máximo de un becario en empresas de hasta 10 trabajadores, dos becarios en las de hasta 30, tres en las de hasta 59, y un porcentaje máximo del 5% de la plantilla en las que superen los 60 trabajadores.

Para la elaboración de esta proposición de ley, el grupo confederal ha contado con la colaboración del Consejo de la Juventud y de la Oficina Precaria, dos organizaciones críticas con las condiciones en las que los jóvenes acceden al mercado laboral.

Según ha asegurado Julia Chica, del Consejo de la Juventud, este tipo de prácticas supone "una nueva forma de esclavitud" y ha denunciado que la ausencia de aprendizaje en muchas de ellas: "Traer cafés no es parte de la formación", mientras que Miguel Rodríguez, de la Oficina Precaria, ha hecho hincapié en la necesidad de "dignificar las condiciones de los estudiantes".