Agentes de la Guardia Civil han acudido al Palau de la Generalitat y al Parlament este jueves para requerir documentación relativa a la investigación que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto al exconseller de Justicia Germà Gordó por su presunto papel en la financiación ilegal de CDC.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, los agentes han acudido también esta mañana al Departamento de Justicia, donde se han personado cinco guardias civiles de paisano, y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, con requerimientos judiciales para reclamar información relacionada con la causa del 3 % que afecta a Gordó.

El exconseller de Justicia está citado a declarar, precisamente, el próximo lunes ante el magistrado del TSJC Carlos Ramos, por su presunto papel de intermediación en el pago de comisiones de empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones, en el marco del llamado "caso del 3 %" que abrió un juez de El Vendrell (Tarragona).

El TSJC abrió una investigación a Gordó, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, después de que el juez de El Vendrell, que mantiene como investigados a cargos de CDC no aforados, apreciara indicios de su participación en la trama de presunto pago de comisiones.

Cinco agentes de la Guardia Civil han acudido al Palau de la Generalitat para solicitar documentación al área de secretaría de Govern, que Germà Gordó dirigió entre diciembre de 2010 y de 2013, con Artur Mas al frente de la Generalitat, aunque por orden del conseller, Jordi Turull, no se les ha permitido el acceso al edificio.

Concretamente, han informado fuentes de la Generalitat, el auto judicial reclama a Presidencia el libro de visitas y la relación del apoyo administrativo que tenía cuando era secretario de Govern, documentación que se facilitará a los agentes.

El magistrado Carlos Ramos pidió a la Generalitat la agenda de Gordó en su etapa de secretario de Govern, pero el Ejecutivo catalán alegó que había desaparecido sin que quedara rastro de ella, ya que había sido eliminada del servidor del Departamento debido a una "migración de datos".

En el Parlament, cinco guardias civiles de paisano, que actúan como Policía Judicial, y dos secretarios judicial han entregado unos autos dictados por el TSJC a los responsables del área de infraestructuras y seguridad de la Cámara catalana en que se les autoriza a acceder al correo electrónico corporativo del exconseller como diputado.

A la diligencia llevada a cabo por la Guardia ha acompañado a los agentes el fiscal Anticorrupción José Grinda, fiscal del caso del 3 % a quien el cesado fiscal jefe de Anticorrupción José Manuel Moix estudió relevar al frente de la causa que abrió el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell por la presunta financiación ilegal de CDC.

La Guardia Civil abandona el lugar

Los agentes de la Guardia Civil han abandonado poco antes de las 12 horas de este jueves el Parlamento catalán. Unos ocho o nueve agentes del Instituto Armado, encabezados por el fiscal anticorrupción José Grinda, han estado en las dependencias parlamentarias aproximadamente una hora, entrando al Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

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Según fuentes de la investigación, la intención de los agentes era tener acceso al correo electrónico de Gordó y, como los diputados no tienen ordenadores de sobremesa sino portátiles, decidieron que no era necesario entrar en el despacho del exconseller.

En el caso del Palau de la Generalitat, los agentes han abandonado este edificio con la agenda que detalla los actos oficiales entre 2010 y 2012 de Germà Gordó, aunque sin concretar sus reuniones privadas, tras verificar que estos datos figuran en los ordenadores de la secretaría del gobierno catalán.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la Guardia Civil ha abandonado el Palau de la Generalitat hacia las 18.45 horas de la tarde, después de que representantes del gobierno catalán les hayan entregado la documentación requerida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y han verificado que es la que consta en los ordenadores de la secretaria del Govern.