La crisis por el referéndum independentista convocado por la Generalitat de Cataluña tiene importantes ramificaciones económicas. Al oscuro panorama que dibujan Gobierno y expertos en la hipótesis de una Cataluña independiente se une un escenario más inmediato, el de la intervención de las cuentas públicas de la comunidad por parte del Ejecutivo central para impedir que se destine fondos a la consulta del 1-0.
El Govern tiene hasta este martes para acreditar que no dedicará recursos al referéndum, algo contra lo que ya ha interpuesto un recurso ante el Supremo. Pero, ¿qué supone, en términos concretos, el control financiero de Cataluña por parte del Gobierno?
Pago de las nóminas de los funcionarios
Además de la intervención de las cuentas, el Gobierno decidió el pasado viernes asumir el pago de los servicios esenciales. De esta manera, es el Ejecutivo asume el control de los gastos relativos a la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como el pago de las nóminas a los cerca de 170.000 funcionarios públicos catalanes.
Estos empleados perciben sus nóminas los días 27 y 28 del mes, así que comienza la cuenta atrás para coordinar un abono que requiere también de un diálogo entre Generalitat de Cataluña y Gobierno, puesto que éste último necesita conocer con exactitud la base de datos con el listado de estos trabajadores, información que debería suministrarle el Govern catalán.
El Gobierno podría valerse de la información registrada en las transferencias bancarias de los meses anteriores, pero podría ser incompleta dado el volumen de contrataciones temporales en el sector público. Los sueldos de estos funcionarios se abonarán en perjuicio de las aportaciones mensuales del Gobierno a Cataluña en materia de financiación autonómica.
Control de las tarjetas de crédito
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, controlará el uso de las tarjetas de crédito por parte de altos cargos de la Generalitat, a fin de que no puedan emplear dinero en el referéndum del 1 de octubre. Para ello, se ha reunido con representantes de los bancos a fin de informarles de estos mecanismos.
Esta medida podría suponer que, en el caso de que la Generalitat decidiese hacer uso de una tarjeta para una transferencia, la entidad bancaria podría reclamar que se trate de un abono validado por el Estado y que no se destina a financiar la consulta anunciada por el Govern de Cataluña.
Gestión financiera de carreteras y seguridad
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 2015 detalló que, aparte del pago a funcionarios, la sanidad, la educación y los servicios sociales, aparecen como otros servicios públicos prioritarios la remuneración de servicios penitenciarios, seguridad ciudadana, seguridad viaria, prevención y extinción de incendios y protección civil.
El Estado también pagará directamente a los acreedores por servicios de infraestructuras ferroviarias, ayuda al transporte público de viajeros, puertos y aeropuertos, entre otros.
