En las primeras elecciones al Parlament de Catalunya tras la dictadura, celebradas en 1980, el único partido independentista que obtuvo representación fue Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con 14 diputados sobre 135, y un 8,9% de los votos emitidos. Cuatro años más tarde bajó al 4,4%, y al 4,1% en 1988. Así de reducido era el independentismo electoral en Cataluña. Sin embargo, en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, anunciadas como «plebiscitarias», las candidaturas independentistas consiguieron la mayoría absoluta (53%) de diputados a partir de un 47,8 % de los votos emitidos. ¿Cómo se pasó del 4 % al 48 %? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esta es la pregunta que se formulan muchos, en Catalunya y fuera de ella.
No fue un aumento constante y progresivo, sino una especie de explosión. Hace tan solo once años, en las elecciones de 2006, Esquerra obtuvo un 14 % de los votos, lo que les hizo bailar de alegría. Formaba parte entonces del gobierno tripartito con el PSC y ICV, encabezado por Pasqual Maragall, que había culminado una operación muy ambiciosa y que resultaría determinante: la reforma del Estatut. Pretendía lograr un sistema de financiación semejante al vasco y blindar las competencias. Muchos en el PSOE creen que Maragall cometió una locura al abrir la caja de los truenos. Jordi Pujol, en sus 23 años de mandato, amenazó muchas veces con emprender la reforma estatutaria, pero nunca lo hizo, porque pensaba que era como abrir un melón a ciegas, y que tal vez la autonomía saliera trasquilada si iba a Madrid a por más lana.
«El cepillo»
El Estatut reformado era ambicioso, pero en ningún caso secesionista. En las Cortes fue severamente recortado: «Le hemos pasado el cepillo», anunció Alfonso Guerra. Aún así, el PP votó en contra y recogió millones de firmas contra él en toda España. Las imágenes de gente firmando «contra eso de los catalanes» hicieron un daño irreparable. El partido de Rajoy presentó también recurso de inconstitucionalidad. El entonces presidente Montilla fue a Madrid en 2007 a advertir a populares y socialistas de la «desafección» creciente, que se agravaría si los catalanes se sentían abandonados por el Estado. No le escucharon. En 2010 el Tribunal Constitucional anuló artículos clave del Estatut y ordenó interpretar muchos de forma restrictiva: adiós al blindaje competencial. La reacción fue inmediata: cientos de miles de personas salieron a la calle.
Mientras tanto, a partir del otoño del 2010 había comenzado un movimiento de consultas populares de ámbito local, pequeños referendoss de independencia con participaciones entre el 10 % y el 30 % del censo que, naturalmente, ganaba el sí. Eran actos de agitación que demostraban un movimiento de fondo, animado por asociaciones populares distintas de los partidos. El movimiento fue a más y llegó a Barcelona en 2011. La voluntad de no perder el impulso llevó al nacimiento de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), pieza clave de los acontecimientos posteriores y convocante, con Òmnium Cultural, de las grandes manifestaciones de la Diada.
Pero en las elecciones de finales de 2010 los partidos independentistas no llegaron al 10 % de los votos. Ganó CiU y Artur Mas fue por fin presidente, pero el suyo no era un programa independentista. Es más, pactó presupuestos con el PP. Pero algo había empezado a cambiar en su electorado y, desde luego, en su militancia. Algo que ha sido definido como salida del armario del independentismo. Según esta tesis, gran parte de las bases convergentes eran independentistas de corazón que reprimían sus sueños al considerarlos inalcanzables.
¿Qué les empujó a dar el paso? Un hecho determinante fue la victoria del PP, por mayoría absoluta, en noviembre 2011. Llegaban al gobierno el partido y el presidente que habían recogido firmas contra el Estatut y lo habían llevado al Constitucional, cuya sentencia estaba dando pie a otras que condenaban a la Generalitat a dar marcha atrás en materias tan sensibles como la inmersión lingüística. Y así se fraguó la manifestación de la Diada del 2012, que recordó por escenario y por asistencia a la del 1977, con la diferencia que las banderas ahora eran estelades.
Artur Mas no participó en la manifestación. Recibió luego a los organizadores, pero a los nueve días visitó a Rajoy para pedirle un pacto fiscal a la manera vasca. Obtuvo la esperada negativa y convocó elecciones para el mes siguiente. Antes de ello, el Parlament aprobó una resolución en la que encargaba al gobierno organizar una «consulta» para que «el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo». Y entonces sí, entonces el programa electoral de CiU propuso «avanzar en la construcción de un estado propio». Aún así, perdió votos y diputados, pero los ganaron Esquerra y la CUP, nueva en el hemiciclo.
Movilizaciones
Mientras Mas trampeaba la gobernación con una Esquerra de apoyo intermitente, ANC y Òmnium repetían movilizaciones y exigían el referéndum. El programa de CiU lo contemplaba en la siguiente legislatura, pero la presión llevó a su adelanto, y se convocó para el 9 de noviembre (9N) del 2014. Suspendido por el Constitucional, fue reconvertido en «proceso participativo» a cargo de voluntarios, lo que no impidió el procesamiento y condena penal de Mas y otros miembros de su gobierno.
La consulta no se planteó como vinculante, ni su participación llegaba a la mitad del censo. No resolvía nada pero tampoco podía orillarse. Tras vacilaciones y enfrentamientos, Mas logró su propósito de forjar una candidatura con Esquerra al precio de no encabezarla. Con Junts pel Sí en marcha, convocó unas elecciones que debían ser «plebiscitarias», ya que se comprometía a leer los votos en términos de sí o no a la independencia. Pero a medio trayecto, y a la vista de las encuestas, advirtió que bastaría con la mayoría en diputados. El resultado: 47,8% de votos, 53% de diputados, y el proceso de «desconexión» se puso en marcha una vez que la CUP cortó la cabeza de Artur Mas (culpable de pujolismo y de pactos con el PP) y bendijo a su sustituto, Carles Puigdemont.
Así empieza la última fase del llamado procés. La hoja de ruta de Junts pel Sí no contemplaba un referéndum previo a la proclamación de la independencia, puesto que tal requisito lo consideraban satisfecho por las elecciones plebiscitarias. La CUP no estaba de acuerdo. Y además se peleaban por el presupuesto. En septiembre de 2016 Puigdemont lanzó un órdago en forma de moción de confianza con promesa de referéndum. La CUP aceptó y empezaron los preparativos que nos han llevado hasta el momento presente. Ocurra lo que ocurra, mañana el independentismo seguirá ahí.
