Trapero, Sánchez y Cuixart, citados de nuevo a declarar

Ambos acudieron ya a declarar como investigados el pasado 6 de octubre junto a Trapero, por el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre y quedaron en libertad al no pedir la Fiscalía medidas cautelares a la espera de que los imputados se instruyeran de un nuevo atestado aportado ese mismo día por la Guardia Civil y que ampliaba la investigación al 1-O.

Lamela les ha citado tras notificar un auto rechazando la declinatoria de competencia que ambos plantearon a favor de los juzgados de Barcelona, y en el que destaca que los hechos ocurridos el 20 de septiembre y durante el 1-O no fueron "aislados" sino que forman parte de una hoja de ruta para la independencia en la que juegan un papel "esencial" la ANC y Ómnium Cultural.

En una auto notificado, Lamela sitúa al frente de esa hoja de ruta a los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que investiga en la causa abierta por sedición, en la que también está imputado el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero.

Según la juez, "en la estrategia diseñada, su actividad -la de Sánchez y Cuixart-, tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la Ley de convocatoria del referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista".

Esta movilización debía ser "de tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses independentistas. Esta función estaría dirigida, entre otros, por las entidades soberanistas" ANC y Òmnium", destaca el auto.

La juez hace estas apreciaciones al rechazar la declinatoria de competencia a favor de los juzgados de Barcelona interpuesta por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, investigados en la causa abierta por sedición en la Audiencia Nacional.

Ambos alegaron que lo ocurrido el 20 de septiembre se trató de una protesta ciudadana en desacuerdo con unas actuaciones policiales, pero la juez entiende que formaban parte de una estrategia para "cambiar ilegalmente la organización del Estado".

Recuerda que al admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía por el asedio a la Guardia Civil durante los registros del 20 de septiembre para impedir el 1-O ya dijo que si bien todos los delitos de sedición no son competencia de la Audiencia Nacional, en este caso sí lo era porque suponía "un ataque a la forma de gobierno", delito del que sí es competente este tribunal.

A esto añade ahora que los hechos no son aislados, "como quieren hacer parecer las partes que proponen la cuestión de competencia, sino que se enmarcan dentro de una estrategia compleja" en la que colaboran Cuixart y Sánchez "en ejecución de la hoja de ruta diseñada para obtener la independencia de Cataluña".

Considera además que ambos "forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar", tal y como señalaba la Guardia Civil en el último atestado que le presentó a Lamela la semana pasada.

En ese atestado, la Guardia Civil pedía a la juez que diera los correspondientes pasos para ordenar el bloqueo de las cuentas y los productos financieros de ANC y Òmnium y que para ello hiciera un mandamiento a la Asociación Española de Banca, Confederación Española de Cajas de Ahorros y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito en relación a esas dos entidades independentistas.

En este atestado, la Guardia Civil sitúa a los líderes de estas entidades en lo que denomina "comité estratégico" para la declaración de la independencia que estaría también integrado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

De hecho, el informe policial considera que Sánchez y Cuixart están "en una posición decisoria similar" a la que ostenta la cúpula del Gobierno catalán, mientras el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sería el brazo ejecutor del plan independentista.