La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a prisión sin fianza por sedición al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por "promover" el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1-O.

Lamela ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía tras rechazar su solicitud de enviar a prisión por estos hechos al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al que ha impuesto medidas cautelares leves.

Sànchez y Cuixart, a los que la juez asigna el papel de "promotores y directores" de las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Economía, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación a ese asedio que ingresan en prisión, tras reclamarlo la Fiscalía.

En ese papel de promotores, los dos se mantuvieron al frente de las concentraciones "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Para decretar la prisión, Lamela aprecia en el auto riesgo de reiteración delictiva, "ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas", y también observa "alta probabilidad" de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba.

Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destaca también que las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio frente a la Consejería, también se usaron el 1-O y desde ellas "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales".

La juez recuerda además la actuación de Cuixart en Badalona (Barcelona) después de que la Guardia Urbana hubiera incautado unos carteles en apoyo al 1-O que se hallaban en el interior de un vehículo.

Ese día, Cuixart y otras personas exigieron a los agentes la devolución de los carteles, a lo que estos se negaron, por lo que el líder de Òmnium y el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez, "sustrajeron del interior del vehículo oficial todo el material intervenido" e impidieron a los agentes recuperarlo.

Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la magistrada relata como desde estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales no para participar en una manifestación pacífica, sino para la "protección" de sus gobernantes con consignas como "parar a la Guardia Civil".

Así fueron las concentraciones ante la Conselleria de Economía el 20 de septiembre. Vídeo: Agencia ATLAS

Tanto es así que algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches mientras otros empujaron a los agentes, y hubo quienes bloquearon la salida de un vehículo.

"Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto (...) que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones", destaca el auto.

Impulsar y asegurar la celebración del referéndum

Con ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".

La juez apunta a Cuixart y Sànchez como los "interlocutores" de las movilizaciones, pero sin aceptar las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni tratar de desconvocar o diluir esas concentraciones.

En este sentido recoge el llamamiento de Sánchez a los congregados frente a la Consejería de Economía: "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

Del mismo modo, señala que el líder de Òmnium pidió que la movilización ante Economía no se detuviera y recuerda como ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a "la movilización permanente".

Trapero, en libertad con medidas cautelares

Antes, la juez Lamela ha dejado en libertad al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aunque le impone medidas cautelares, al no poder vincularle por el momento con el asedio a la Guardia Civil de los días 20 y 21 de septiembre en la Consellería de Economía.

Lamela rechaza así la petición de la Fiscalía de prisión incondicional y en su lugar le impone comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y que facilite un domicilio y un teléfono para estar localizable.

No obstante, advierte a Trapero, quien ha declarado durante casi dos horas como investigado por sedición, de que en caso de incumplir alguna de las cautelares podría agravar las medidas impuestas.

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Se trata de las mismas medidas cautelares que ha acordado horas antes para la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien la Fiscalía había pedido prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.

En el auto, la juez deja claro que la investigación se circunscribe hasta el momento a los acontecimientos ocurridos los días 20 y 21 de octubre en la sede de la Consellería de Economía, que hasta la fecha son los únicos denunciados por la Fiscalía, sin que hayan sido objeto de ampliación.

La actuación de Trapero esos días "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación".

Frente a las acusaciones de la Fiscalía en su denuncia, Trapero ha explicado que abrieron "los pasillos para los detenidos así como para la salida de la comisión judicial que luego no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos, y que no actuaron contra los concentrados al estimar que, dado su volumen, ellos podría haber generado una grave alteración del orden público".

La Fiscalía ha pedido prisión incondicional al argumentar que no se efectuaron los cordones necesarios para formar un pasillo a través del cual poder llegar a los detenidos en la Consellería y por no haber tomado medidas para evitar que la concentración evolucionara.

También reprocha al mayor de los Mossos no haber rescatado los efectos que estaban en los tres vehículos de la Guardia Civil, entre ellos varias armas, así como no haber asegurado adecuadamente la salida de la comisión judicial y de los agentes.

Ahora bien, la juez destaca en el auto que existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia independentista como es el contenido del documento EnfoCat hallado en el domicilio del 'número dos' de la Consellería de Economía, Josep María Jové Lladó, arrestado en la operación policial en la que se produjo el asedio.

Los Mossos se defienden de "graves acusaciones"

Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra han afirmado en un tuit publicado este lunes en su cuenta oficial que seguirán "demostrando con pruebas" que las "graves acusaciones" que les atribuyen "no se ajustan a la realidad".

Después de que la juez Lamela haya dejado en libertad a Trapero la policía catalana ha publicado dos tuits en relación con este asunto.

En el primero de ellos, los Mossos d'Esquadra señalan: "Un día más hemos dado todas las explicaciones requeridas y lo seguiremos haciendo las veces que haga falta".En el segundo, la policía catalana subraya: "Seguiremos demostrando con pruebas que las graves acusaciones que nos atribuyen no se ajustan a la realidad".