16 de octubre de 2017
16.10.2017
Desafío independentista

Artículo 155: ¿Qué es y qué supone la aplicación de este artículo de la Constitución?

El recurso no permite suspender la autonomía, pero sí destituir cargos y provocar la disolución del Parlament catalán

18.10.2017 | 18:25
Soraya Sáenz de Santamaría durante una rueda de prensa.

La activación del artículo 155 está en camino. Después de confirmar la independencia de Cataluña, Carles Puigdemont tiene tres días, hasta el 19 de octubre, para dar marcha atrás en el proceso secesionista y así evitar las consecuencias que acarrearía la aplicación del, hasta el momento, inutilizado artículo.

El artículo 155 establece que si la comunidad autónoma en cuestión no cumple con sus obligaciones, el Gobierno central puede adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad al cumplimiento forzoso de dichos deberes. Para ello, necesitará contar con el respaldo mayoritario del Senado.

El Ejecutivo, sin ningún plazo determinado por la ley, deberá enviar al presidente de la Cámara Alta un escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas. Éstas deberán ser debatidas en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que, además, solicitará a Carles Puigdemont la presentación de datos y alegaciones que considere oportunos para defender su posición.

La propuesta final deberá votarse en el Pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta, por lo que no habría ningún problema para que la aprobación saliera adelante.

¿Cuáles son las consecuencias del 155?

El artículo 155 da mucho margen al Gobierno para adoptar las medidas que considere necesarias. Permite desde controlar las finanzas de la Generalitat hasta destituir cargos o provocar la disolución del Parlament catalán.

Al contrario de lo que muchos creen, el 155 no permite suspender la autonomía de la comunidad. Sin embargo, ésta quedaría muy limitada al ser controlada por el Estado.

Si la Generalitat no rectifica y mantiene su desobediencia, el artículo 155 podrá aplicarse de manera progresiva.

Una de las medidas que podría adoptar el Gobierno es la de asumir las competencias de los Mossos para garantizar el control del territorio. La solución más viable sería cesar a los máximos responsables de la policía catalana, nombrar a los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional y reforzar la plantilla autonómica con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pero como el Gobierno no podría controlar la autonomía con el actual Govern, la primera gran medida consistiría en la sustitución del Ejecutivo catalán, incluido Puigdemont. En este caso, la gestión del Gobierno catalán podría llevarse a cabo a través de una gestora.

La siguiente gran medida radicaría en la disolución del Parlament, cesando sus actividades parlamentarias y sustituyendo a la presidenta de la Cámara Carme Forcadell.

El último escenario posible tras la aprobación de este artículo sería la convocatoria de elecciones anticipadas, que es lo que demanda Ciudadanos. De esta forma, los votantes catalanes elegirían lo antes posible un nuevo Gobierno.

Estas intervenciones durarán hasta que el Gobierno considere que se ha restaurado la legalidad en Cataluña y que no hay peligro de ruptura.

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