La Fiscalía Anticorrupción ha informado este martes a favor de dejar en libertad bajo fianza de 400.000 euros al expresidente madrileño Ignacio González, en prisión preventiva desde el 21 de abril, por el caso Lezo al entender que ha disminuido el riesgo de que vuelva a delinquir gracias al manejo de fondos en Colombia o Panamá.
Cree el Ministerio Público que es necesario imponer a González "unas medidas menos restrictivas" de los derechos fundamentales, atendiendo a que el riesgo de fuga y de reiteración delictiva se han reducido tras más de seis meses de investigación, según ha informado la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía considera que, una vez analizados los hechos, "concurren consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva" de González, lo que, unido al levantamiento de gran parte del secreto de las actuaciones, hace pertinente la medida de fianza para el expresidente regional.
Se trata de la primera vez que el fiscal del caso Lezo, Carlos Yáñez, se pronuncia a favor de un recurso de excarcelación de González, que fue presentado por cuarta vez hace unas semanas al cumplirse 6 meses desde que entrase en la prisión madrileña de Soto del Real.
Considera la Fiscalía que ahora es menos probable que González vuelva a delinquir valiéndose del "posible manejo de fondos en el extranjero" gracias a la cooperación judicial entre España y otros países como Colombia y Panamá, donde se ha extendido su actividad delictiva en relación a la gestión del Canal de Isabel II.
Y aunque cree que el transcurso del tiempo y el avance de la investigación han reducido su posibilidad de fuga y de destrucción de pruebas, también tiene en cuenta que la pena a la que se podría enfrentar González es superior a los 20 años de cárcel, "dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer".
Un "significativo patrimonio"
Según el fiscal, la instrucción ha puesto de relieve que González podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales, por lo que estima necesario imponerle una fianza que asciende a 400.000 euros.
González y su hombre de confianza en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino son los únicos investigados en este caso de corrupción en el Canal de Isabel II que permanecen en prisión desde su detención en la operación Lezo.
A ambos se les imputan, entre otros, los delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
