El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha dimitido de su cargo después de que este miércoles fuera citado en calidad de investigado en el caso Lezo por su participación en la compra, presuntamente fraudulenta, de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

Canalda, que fue director gerente del Canal, ha presentado su renuncia en el Registro de la Asamblea de Madrid, de la que depende la Cámara de Cuentas, según han informado a Efe fuentes del Parlamento regional.

Precisamente este jueves, a las 10.00 horas había convocada una reunión del consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de este órgano (al que le corresponde el control económico presupuestario de la Comunidad) han confirmado a Efe que esta reunión se mantiene y que a la misma asistirá Canalda.

En el escrito de renuncia presentado este jueves a las 9.05 horas en el registro de la Asamblea de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, Canalda ha subrayado su "pleno convencimiento" de que ha actuado "siempre conforme al ordenamiento jurídico".

"A lo largo de más de 20 años dedicado a la vida pública siempre he actuado con total honestidad y siempre he adoptado las decisiones basándome en informes que las avalaban", ha añadido.

Pese a ello, ha optado por dimitir "de forma irrevocable" como presidente y consejero de la Cámara de Cuentas.

"Soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos 6 años", ha explicado.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó este jueves a declarar en calidad de investigados en el caso Lezo a una veintena de personas para aclarar las presuntas irregularidades en la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Entre estas personas figuran dos exconsejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón (Juan Bravo y Pedro Calvo) y el hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, Arturo Canalda.

La compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Ruiz-Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.

Recientemente, Canalda compareció en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde dijo que ningún miembro del consejo de administración del Canal puso objeciones a la compra de Inassa, investigada en el caso Lezo, y recalcó que él en concreto no vio "nada raro" en la documentación que consultó.

En su comparecencia afirmó que no había hecho "ninguna ilegalidad" en su etapa en el Canal, pero anunció que si le llamara el juez para declarar dimitiría como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, como ha ocurrido.