Los tres diputados catalanes electos soberanistas que están en la cárcel y los cinco que están en Bruselas ya han presentado las credenciales expedidas por la Junta Electoral tras los comicios del 21-D para ser diputados de pleno derecho en la legislatura que empieza el miércoles en el Parlamento autonómico.

La última en hacerlo ha sido la consellera de Agricultura cesada, Meritxell Serret, que ha realizado el trámite ante la Cámara catalana este lunes, han explicado a Europa Press fuentes de ERC.

Con ella, han completado la misma operación los ochos diputados electos que se encuentran en circunstancias excepcionales: Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Cuixart -en la cárcel-, y Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Toni Comín -en Bélgica.

En paralelo, los letrados de la Cámara catalana están realizando un informe a petición de la presidenta saliente, Carme Forcadell, en la que deben pronunciarse sobre si los ocho pueden delegar el voto a otro miembro de la Cámara de su grupo parlamentario.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que se prevé que este informe esté listo en las próximas horas y que se aborde en la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente fijada para este martes a las 10.15 horas.

Que el Parlament autorizara la delegación del voto para los tres encarcelados no suscitaría ningún problema, ya que el TS así lo ha avalado, pero sí que lo haría si lo autorizara para los cinco que están en Bélgica, ya que sobre ellos pesa una orden de detención si regresan a España.

En el pleno de constitución del Parlament, fijado para este miércoles y que empezará a las 11 horas, se decidirá el presidente de la Cámara y los otros seis miembros de la Mesa, el órgano rector del Parlament.

Autorizar o no la delegación del voto a estos ocho diputados puede hacer variar las mayorías parlamentarias que arrojaron las elecciones catalanas del 21 de diciembre: 70 diputados independentistas por 65 diputados no independentistas.

Si pudieran votar sin más problemas los 70 diputados independentistas, se asegurarían sin ningún riesgo que 4 de los 7 miembros de la Mesa fueran soberanistas, logrando así una gran influencia en la ordenación de todos los debates de la legislatura.

Dando por descontado que los tres en la cárcel podrán votar porque así lo autoriza el Supremo, si los cinco en Bruselas no pudieran delegar su voto, entonces las fuerzas quedarían absolutamente igualadas: 65 diputados independentistas contra 65 no independentistas.

En este segundo escenario ya no estaría tan clara la presidencia para los soberanistas, y los partidos que no son independentistas podrían tratar de buscar un candidato alternativo, aunque hasta ahora no han demostrado tener un candidato de consenso.

Una vez realizada la constitución del Parlament, se abrirá un nuevo foco de controversia: si el nuevo presidente de la Cámara estaría dispuesto a que se invistiera a Puigdemont sin que estuviera presencialemente en el hemiciclo.

Varios partidos han solicitado un segundo informe sobre esta cuestión y, precisamente en las manos del nuevo presidente estará si lo encarga a los letrados de la Cámara.