La defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este jueves que la Fiscalía alemana no puede interponer recurso contra la libertad sujeta al pago de fianza de 75.000 euros acordada por el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, según informan a Europa Press fuentes del entorno de la defensa del exmandatario catalán.

La decisión del tribunal alemán implicaría en principio que Puigdemont no podría ser extraditado en base al delito de rebelión que le imputa el Tribunal Supremo español y por ello, no podría ser juzgado en España por dicha conducta, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. De este modo, la pena que podría caerle al expresident pasaría de 30 años a un máximo de 8 años de cárcel.

Sin embargo, otras fuentes señalan que sí cabría un recurso por parte del Ministerio Público alemán en virtud del principio de doble instancia del derecho europeo.

La defensa de Puigdemont, sin embargo, sí podría recurrir, una vez estudiada la resolución, la acusación de malversación de fondos públicos, por el que también es reclamado por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con la deriva soberanista. Se trataría de un recurso similar al amparo que existe en España frente al Tribunal Constitucional, según las fuentes consultadas.

La defensa del exmandatario catalán trabaja ahora para reunir lo antes posible la cuantía acordada como fianza por parte del tribunal alemán que ha examinado la euroorden emitida por el Tribunal Supremo y que desoye la petición formulada por la Fiscalía regional que pidió a la corte territorial de Schleswig-Holstein que mantuviera a Puigdemont en prisión provisional ante riesgo de fuga.

Tras más de cinco meses fuera de España, el expresidente catalán fue detenido el pasado 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania, mientras viajaba por carretera procedente de Finlandia, a donde había acudido para una conferencia. La detención se produjo apenas días después de que el magistrado del Supremo le procesara en la causa del 'procés' por los delitos arriba mencionados y activara las órdenes internacionales de detención.