La Junta quiere que los bienes incautados repercutan en la propia localidad

Efe, Sevilla

El Parlamento andaluz respaldó ayer por unanimidad la disolución del Ayuntamiento de Marbella y aprobó pedir a las distintas administraciones que los bienes y fondos incautados a los culpables de «corrupción» por las actuaciones judiciales se restituyan al patrimonio del consistorio.


Las medidas, aprobadas durante un intenso debate general que celebró ayer el Parlamento, incluyen también reclamar al Gobierno la creación de una comisión mixta (Estado-Junta) para que colabore con la Comisión Gestora que se creará en Marbella una vez sea disuelto el equipo de gobierno. A pesar del acuerdo sobre la disolución del Ayuntamiento, la constitución de la gestora fue rechazada por el PP y el PA, que abogaron por el anticipo electoral, algo que rechazaron el PSOE e IU.
Populares y andalucistas exigieron también, sin éxito, que se devuelvan al Ayuntamiento las competencias urbanísticas tras las elecciones.
El Parlamento andaluz también pide, a propuesta del PP, que la Junta garantice el control urbanístico de Marbella y redacte y gestione el PGOU.
Durante el debate, el Gobierno andaluz anunció su intención de personarse en los procedimientos judiciales que se deriven de la Operación Malaya y que solicitará que los bienes incautados, estimados en 2.400 millones de euros, sirvan para restituir el daño patrimonial al Ayuntamiento. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró que los responsables de este Ayuntamiento han estado «desafiando» al Estado de Derecho y que lo que quiere la Junta es hacer prevalecer el «imperio de la ley».