El trigésimo aniversario de la pantanada de Tous tampoco pasará a la historia como el primero con el caso cerrado por completo. El pleito más largo de la historia de España sigue abierto en los tribunales, aunque en situación de espera.
El desmoronamiento de la presa como consecuencia de las lluvias torrenciales, que causó la muerte a nueve personas y cuantiosos daños materiales, cumple este 20 de octubre treinta años, si bien aún hay afectados con problemas para afrontar las deudas que contrajeron por la catástrofe.
La catástrofe segó la vida de nueve personas, causó miles de damnificados, y dejó unos 300 millones de euros en daños materiales en agricultura, viviendas y redes viarias.
Pocos días después, el juzgado de instrucción de Xàtiva inició un sumario que alcanzaría los 50.000 folios, y los 33.000 damnificados constituyeron varias asociaciones, como Afiva y Apemeda, si bien unos optaron por acudir a los tribunales por la vía penal y otros recurrieron a la contencioso-administrativa.
El Gobierno de Felipe González acordó unas primeras indemnizaciones de hasta 1.200 euros por la pérdida de la vivienda, una cantidad considerada insuficiente por los vecinos de la comarca de La Ribera, que se manifestaron cada 20 de octubre exigiendo justicia y mayores compensaciones.
El denominado caso Tous se prolongó hasta 1997, cuando, tras cuatro juicios, el Tribunal Supremo declaró la responsabilidad patrimonial directa del Estado por funcionamiento "anormal" del servicio público en las actuaciones que determinaron la rotura de la presa, y condenó al Estado a indemnizar a los recurrentes por los daños causados.
Asimismo, en 1993 y en 1995 se promulgaron sendos reales decretos leyes por los que los damnificados que se acogieron a ellos de forma voluntaria -cerca de 1.100- recibieron indemnizaciones para pagar los préstamos, a cambio de renunciar a la vía judicial.
En el año 2002, a instancias del Gobierno central, las asociaciones de damnificados se disolvieron y se paralizaron los procesos judiciales que quedaban en marcha.
Sin embargo, en 2006 el Instituto de Crédito Oficial (ICO) reclamó la devolución de los préstamos y sus correspondientes intereses, que los afectados creían que el Gobierno había condonado en 2002, y que superaban los 22 millones de euros.
Por ello, en 2007 se constituyó la Asociación de perjudicados por la rotura de la presa de Tous (AsperTous) para exigir la condonación de los préstamos concedidos tras la catástrofe, cuyo portavoz, Benjamín Lafarga, ha indicado que siguen sin tener una solución de la Administración central al respecto.
Lafarga ha indicado que de la asociación hay unos catorce afectados en esa situación, que constan como morosos, pero que podrían ser unas 400 personas a las que se sigue reclamando un préstamo concedido hace 30 años, muchas de las cuales son gente mayor y con una pensión muy ajustada.
El portavoz de AsperTous ha reclamado que estos afectados reciban una carta que acredite que el préstamo que obtuvieron hace 30 años está archivado, y ha lamentado que no se solucione "definitivamente este problema y se dé por cerrado un capítulo negro de la historia".
El reparto de fondos
Por su parte, la Audiencia Provincial ordenó el pasado febrero al juzgado de Alzira reabrir de nuevo la investigación del reparto de fondos que realizaron los directivos de las asociaciones de damnificados, al entender que se hizo de forma irregular y a espaldas de los asociados de Afiva y Apemeda.
Sin embargo, la reapertura del caso lleva ocho meses bloqueada y sin que el juzgado de Alzira haya movido ficha durante todo este tiempo para iniciar de nuevo la investigación como reclama la Audiencia de Valencia, según fuentes jurídicas.
El juzgado número cuatro de Alzira archivó la causa en 2011 tras dos años de instrucción al considerar que los posibles delitos de apropiación indebida-de los que observó indicios- habrían prescrito, pero los magistrados de la audiencia provincial estimaron que la cantidad presuntamente defraudada superaba con creces los 50.000 euros y que, por tanto, no había prescripción posible.
Además, señalaron, como ha informado en exclusiva Levante-EMV estos años, que nunca quedó acreditado de forma solvente el destino del dinero ni las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la actuación de los responsables de las asociaciones de damnificados, entre ellos el presidente, José Alapont, y el secretario Sergio Marín. En su resolución, los magistrados hablaron abiertamente de "apropiación indebida" y ordenaron que prosiguiera la tramitación de la instrucción de unos presuntos delitos que pueden acarrear penas de entre uno y seis años de prisión, según señalaron.
De lo que no hay duda es que en 2002 se produjo un reparto de fondos entre todos los directivos de las asociaciones Afiva y Apemeda, sin que se convocara una asamblea y por tanto a espaldas de los asociados.
Durante el proceso, los directivos, una docena, admitieron que cobraron cheques nominativos, en su mayoría por valor de 12.020 euros, mientras que Alapont y Marín retiraron de las cuentas 277.000 euros, que invirtieron en valores.
