La existencia de una cuenta bancaria no regulada en la Junta Central Fallera y el pago «irregular» de servicios a los chóferes municipales, que publicó ayer Levante-EMV, ha sido motivo de sobra para que los grupos municipales hayan mostrado sus diferencias en materia de gestión de la fiesta. La crítica a la existencia de la misma por parte de Compromís y Ciudadanos tiene enfrente al Partido Popular (partido durante cuyo mandato existió) al tildarla de un simple instrumento de trabajo entre delegaciones.
El edil popular Félix Crespo dio ayer su versión sobre las dos situaciones. Sobre la cuenta fue taxativo al preguntarse si «eso es lo único que tienen para echarnos en cara» (en alusión al actual equipo rector de la fiesta. «Si sería importante la cuenta que ni siquiera yo o el secretario general teníamos firma. Se trata de un fondo de operatividad que tenía la delegación de cultura de acuerdo con tesorería para ser rápidos a la hora de devolver las fianzas. Las fallas pagaban y se preocupaban por saber cuando iban a recuperar la fianza. Así, cuando actuaban ya se llevaban en mano el dinero. No hay una relación comercial porque era devolver un depósito. Si ahora se pretende llevar todo por expediente administrativo veremos cuantos meses se tarda en cobrar. Lo mismo que está pasando con las fianzas de San Juan, que hace poco todavía se estaban reclamando las de 2015. Pensar que esto tenía algo de perverso es faltar al respeto al trabajo de los miembros de la JCF».
«Es una cuenta "off-shore"»
Obviamente, la visión del actual edil, Pere Fuset, es diferente: «es lamentable que las cuentas "off-shore" hayan llegado a la Junta Central Fallera. Como Organismo Autónomo Local estamos obligados a someter todas las gestiones a la intervención municipal. Hay que exigir responsabilidades a quienes no cumplían con esas premisas y se permitía trabajar con dinero negro. Y en este caso es, sobre todo, los secretarios generales, que para eso cobran. Las irregularidades pueden tener consecuencias legales y eso son palabras mayores».
Esta cuestión surge a la vez que la «regularización» del pago a los chóferes municipales, a quienes se les ha pasado a pagar un incentivo como «gratificación» por los servicios extraordinarios con las falleras mayores de Valencia, y que hasta ahora no se pagaban con esa condición. «El secretario municipal desconocía los pagos y ese "modus operandi" y mostró su contrariedad. La economía no se puede trabajar con esa opacidad».
También advirtió que «a lo mejor aparecen más cosas parecidas».
En ese sentido, Félix Crespo reiteró lo dicho tras la reunión del consejo rector: «lo vuelvo a decir: si antes se podía pagar de una forma y ahora hay que hacerlo de otra, habiendo pasado estos años por la intervención municipal sin problema alguno, pues perfecto. De hecho, se aprobó por unanimidad. Y volvemos a lo mismo: ¿de qué estamos hablando? De diez euros por servicio extraordinario para un chófer que hacía labores extraordinarias. Desde un sábado por la noche en Benicarló a subir cargado con las flores a casa de la fallera mayor o recoger a los vicepresidentes... a cambio de un dinero que no llevaba a ninguna parte. Nunca se dijo que estuviera mal hecho».
La concejala de Ciudadanos, Amparo Picó, que durante la reunión del Consejo Rector preguntó sobre esa «regularización» fue explícita al asegurar que «estamos a favor de que se gratifique a los conductores municipales porque hay que reconocer que hacen una labor muy importante por las falleras mayores, tanto por la seguridad que supone como por las horas a las que trabajan y por tener atenciones que ni siquiera tendrían por qué tener. Por eso votamos a favor» pero, a la vez, mostró su negativa a que «la Junta Central Fallera tenga cajas paralelas, sean de lo que sea. Eso no se puede admitir».
