La Sociedad General de Autores presentó a la Junta Central Fallera, durante los últimos meses, un total de 453 reclamaciones a las comisiones de falla, en concepto de pago de derechos de autor por las verbenas realizadas durante la semana de Fallas de 2016, por una cantidad total superior a los 60.000 euros.
Estas reclamaciones son el detonante de la negociación con la Junta Central Fallera que ha quedado plasmada en la nueva cláusula, con la que se consigue una rebaja del 25 por ciento.
Este anexo al convenio anual —que es el que exime del pago en concepto de exaltaciones, concurso de teatro, pasacalles, etcétera— es el que ha suscitado tanto una tormenta política entre antagonistas -Compromís y PP— como un amplio debate entre los responsables de los colectivos falleros.
La SGAE reclama a las comisiones una cantidad de dinero en concepto de derechos de autor al interpretarse temas musicales. Una petición que viene de tiempo atrás, pero que ha sido en los últimos años, y especialmente en este ejercicio, cuando ha tomado cuerpo. El colectivo de autores se basa en que le asiste la Ley de Propiedad Intelectual.
362 peticiones son de 116 euros
Números en la mano, estaríamos hablando de cantidades a pagar por las comisiones más bien modestas. De hecho, la principal reclamación es de 800 euros por un concierto organizado por una céntrica comisión que tuvo lugar el 18 de marzo. Hay 14 actos por los que se pide entre 400 y 550 euros. Medio centenar de festejos se mueven entre 200 y 400 euros y el grueso de las peticiones (362 de las 453) es una reclamación estándar de 116 euros por discomóviles.
La SGAE ha realizado las reclamaciones no sólo por la observación in situ de la celebración de los eventos, sino por la publicidad de los mismos. Las comisiones dan a conocer sus eventos —con el lógico interés de que acuda gente— y los 453 eventos detectados son los que han conseguido localizar. Hay comisiones que, habiendo celebrado orquestas o discomóviles, no están en el listado.
Esta complicada situación se trasladó ayer a una reunión a tres bandas entre la Sociedad, la Interagrupación de Fallas y la Junta Central Fallera. Al finalizar la misma se dejaba en el aire la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, señalaba posteriormente que «tras esta reunión creo que ha quedado constatado que el problema existía. Entiendo que ya está claro que no se trata de un impuesto nuevo, sino que es un problema que estaba ahí, que no ha llegado de repente, y que en el convenio se deja abierta la posibilidad a que las comisiones, libremente, consigan una rebaja».
El escenario que se plantea ahora es tratar de conseguir un acuerdo. Éste podría pasar por que la SGAE, en lugar de los 60.000 euros, hiciera lo mismo que con el resto de actividades musicales falleras: aceptar una «tarifa plana». Fuset dijo en ese sentido que «Estamos abiertos a llegar a un acuerdo económico, pero necesitamos para ello tener claro que tiene un encaje legal. Necesitaríamos el visto bueno de la intervención municipal».
Existe la posibilidad de conseguir una moratoria de las Fallas de este año, pero, lógicamente, con la duda que supone que una entidad, la SGAE, vaya a renunciar a algo que, por ley, está facultado para pedir.
Fuset, en ese sentido, aseguró que «nosotros vamos a pedir la moratoria y, sobre todo, que la SGAE tenga la mayor sensibilidad posible con entidades que no tienen ánimo de lucro, que los recursos económicos los revierten en arte y cultura. Yo les pediría que tengan sensibilidad y que frene la escalada de inspecciones para buscar fórmulas asumibles para que las fallas puedan cumplir la ley».
La publicación del convenio ha suscitado un profundo debate, tanto de enfrentamiento político como de los sectores falleros. El edil sostenía, en ese sentido, que «hemos cumplido nuestra obligación, que era informar a las fallas para que no quedaran desprotegidas ante la necesidad de cumplir una ley que nos puede gustar más o menos, pero que está ahí porque el Ministerio de Cultura faculta para hacerlo. Pero, a la vez, el mismo ministerio debería mover ficha y ser también sensible ante el carácter no lucrativo de las comisiones falleras y revisar las leyes que permiten a la SGAE plantear una escalada de reclamaciones, a las que hemos tratado de dar respuesta».
C’s también pide el aplazamiento
La vía de la exención fue expresada ayer por el Grupo Municipal «Los cobros los marca el Ministerio de Cultura y regula que lo haga la SGAE pero nadie ha pensado en aplicarlo a partir del próximo ejercicio», aseguró la edil Amparo Picó.
