14 de agosto de 2017
14.08.2017
Resolución

La firma que hizo la encuesta fallera defiente que siguió "los barómetros del CIS"

La alcaldesa accidental, Pilar Soriano, critica que el procedimiento se lleve a cabo en agosto y en Fiestas insinúan motivaciones políticas

14.08.2017 | 10:41
La firma que hizo la encuesta fallera defiente que siguió "los barómetros del CIS"

La Agencia Española de Protección de Datos tendrá un plazo máximo de seis meses para notificar la resolución que se adopte sobre el procedimiento sancionador que ha iniciado contra el Ayuntamiento de València por las encuestas falleras. El plazo tiene encuenta las posibles interrupciones en su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento, según la agencia.

La agencia, que realizó inspecciones en el ayuntamiento y en la empresa encargada de la encuesta, Invest Group, ha comunicado al ayuntamiento que ha iniciado este procedimiento debido a que se recabaron «datos personales de los encuestados sin que éstos hubieran consentido de forma expresa y por escrito el tratamiento de sus datos». La agencia hace referencia en concreto a las cuestiones sobre religión e ideología. Según el mismo documento, al que ha tenido acceso este diario, los encuestadores mostraban un documento a las personas a las que preguntaban en el que se les informaba de que la información sería utilizada «única y exclusivamente» con fines de investigación.

Asimismo, la aplicación digital en la que se contestaban las preguntas mediante una tablet, requería los datos personales de los encuestados pero no de forma obligatoria. La aplicación solo necesitaba para finalizar el proceso el teléfono y tampoco se pedía de forma obligatoria.

Estos datos se recabaron para poder cumplir con la obligación de supervisión del 15% de las encuestas. De hecho se realizaron 169 llamadas de validación. Los datos recabados estaba previsto que se borrasen el 1 de julio.

La agencia propone ahora al ayuntamiento un plazo de tres días para que cese el uso de los datos y otros diez para que presenta alegaciones. La concejala Pilar Soriano, en funciones de alcaldesa accidental, ha hecho llegar un escrito a la agencia -a falta de las alegaciones-, en el que señala que es «criticable» la iniciación del procedimiento en agosto y que el trámite «transcurra íntegramente durante este mes», pues recuerda que la actividad administrativa está «bajo mínimos» en el periodo vacacional. Por ello pide la ampliación del periodo de alegaciones, al tiempo que señala que los datos «no fueron facilitados en ningún momento para su tratamiento al Ayuntamiento», y que los mismos «fueron borrados al finalizar el periodo de supervisión y validación».

«Tranquilidad» en Fiestas
Fuentes de la Concejalía de Cultura Festiva, impulsora de la encuesta, mostraron a este diario su «tranquilidad» y aseguraron que este procedimiento «no tendrá recorrido», alegando que hay jurisprudencia al respecto, y que en ningún caso similar las administraciones han tenido que pagar sanción económica alguna. Añaden que «se trata de un requerimiento y que la agencia no habla en su carta de sanción económica».

«Confiamos en la empresa, una de las más profesionales y reconocidas del sector», añadieron. Así, las mismas fuentes, insinúan una motivación política detrás de este procedimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, pues se preguntan «por qué a la empresa no le ha llegado una notificación y sí al ayuntamiento». Así, cuestionaron «el comportamiento del PP a la hora de intentar tapar sus vergüenzas intentando crear dudas sobre una actuación que se ha explicado públicamente, hecha con transparencia. Hay una maniobra llamativa».

Fuentes de la empresa encargada de la encuesta señalaron a este diario que utilizan «el proceso establecido por la normativa Esomar (la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados) para la recogida y tratamiento de la información en la realización de sondeos de opinión y hemos seguido la metodología que utiliza el CIS en sus barómetros mensuales, en los que pregunta, entre otras cuestiones, por ideología y religión». No obstante no entraron a valorar el por qué la agencia señala que hay una infracción en el procedimiento.

La oposición contra Ribó y Fuset
El presidente de la gestora del PP de València, Luis Santamaría, preguntó ayer en un comunicado al alcalde, Joan Ribó, «cuál es el plan con Pere Fuset después de que la Agencia de Protección de Datos haya abierto un expediente sancionador a costa de la tristemente famosa encuesta que el concejal hizo a los representantes del mundo fallero, y en la que preguntaba por cuestiones como las afinidades políticas o la religión de los participantes». Afirmó que la agencia «nos da la razón a quienes dijimos que era ilegal, que no se debía haber preguntado nunca por la orientación política de los encuestados, a los que además se identificaba».

Además, se preguntó «quién va a asumir el pago de la multa»y señaló que esta sanción tendría un importe mínimo de 300.000 euros pero que podría llegar a los 1,2 millones de euros. «Mucho nos tememos que acabarán pagándolo todos los valencianos en lugar de asumirlo Fuset o Compromís». Por su parte, el líder del grupo municipal de Ciudadanos en València, Fernando Giner, señaló al alcalde como el «culpable de las sanciones» y aseguró que las está recibiendo con el «silencio cómplice del PSOE». Apuntó que «la llegada de estas sanciones son fruto del totalitarismo ideológico que sufre la ciudad».»Ribó ha dado patente de corso a algunos de sus concejales para que hagan y deshagan».

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