23 de enero de 2018
23.01.2018

Polémica

Protección de Datos reprendió al ayuntamiento por no hacer firmar las preguntas de religión y política en la encuesta fallera

La infracción se saldó con comunicar la sanción al propio consistorio y al Defensor del Pueblo

27.01.2018 | 23:25

La Agencia Española de Protección de Datos sancionó al ayuntamiento por la encuesta fallera por no obtener por escrito el consentimiento de los encuestados para tratar las preguntas sobre ideología y religión. La sanción, tal como publicó Levante-EMV consistía en apenas unas medidas menores, a pesar de la catalogación de la infracción como "muy grave". En concreto, la resolución consistí en declarar precisamente eso, que el ayuntamiento había cometido una infracción muy grave, notificar la resolución al propio ayuntamiento y comunicarla al Defensor de Pueblo. Sin sanción económica alguna ni reprobación personal hacia nadie en especial.

En concreto, la directora de la agencia señala en su resolución lo ya expuesto meses atrás: que no se había solicitado dicho consentimiento por escirto. "El Ayuntamiento de València, como responsable del tratamiento, debió recoger en el contrato (con la empresa encuestadora) que previamente a la recogida de datos, el encargado del tratamiento facilitase la información que establece el artículo 5 de la Ley de Protección de Dato sy obtuviese el conentimiento por escrito, tras indicar a los encuestados que sus datos personales se recogían para la verificación de las encuestas y que estaban ligados a las respuestas facilitadas, hasta el momento en que se finalizase la verificación, momento en el que se destruiría el fichero. (...) Independientemente de quien recabó y trató los datos, el responsabl edel tratamiento inconsentido de datos especialmente protegidos es el Ayuntamiento de València, ya que Invest trabajaba por cuenta y en nombre de dicho consistorio".

A pesar de la tibieza de la propuesta, ni siquiera esto satisfizo al ayuntamiento. Y especialmente al edil de Cultura Festiva Pere Fuset -sobre quien recayeron las críticas- quien, a falta del recurso, mantuvo la tesis de que hay razones políticas detrás, asegurando ya en su momento que «esperábamos una resolución así por que aunque ni es firme ni comporta sanción y mucho menos económica, los expertos de protección de datos consultados ya advirtieron que ven en la actuación una clara motivación política. Se busca simplemente un titular negativo».

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