
Cinco años después de la tragedia de Sant Cristòfol de Todolella, en la que murieron 18 personas al inhalar monóxido de carbono de unas estufas, sólo queda el dolor de las familias y el «no» de la Justicia, que ha ido dando carpetazo al asunto en sucesivas instancias. El pasado sábado se cumplió un lustro desde aquella fatídica noche del 6 de febrero, cuando un grupo de amigos se reunió en el albergue para celebrar el cumpleaños de Bartolo Meseguer. Al final de la fiesta alguien llevó unas estufas para calentarse. Muchos se quedaron a dormir en el albergue, otros decidieron marcharse a sus casas y salvaron la vida. Al día siguiente, Bartolo, el anfitrión, halló los 18 cadáveres, muchos de ellos jóvenes de menos de 30 años. Habían muerto intoxicados por la combustión de las estufas, según confirmó las autopsias.
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Vinaròs abrió una investigación larga y compleja, que fue archivada finalmente. Las familias recurrieron ante la Audiencia Provincial de Castelló, al considerar que alguien había cometido la imprudencia de permitir que se celebrara un cumpleaños en un local que no reunía las mínimas condiciones de habitabilidad. Pero el tribunal también negó cualquier tipo de responsabilidad por parte de los organizadores.
Finalmente, el Tribunal Constitucional ha sido el que ha arrojado la última losa sobre las familias, ya que ha venido a confirmar los autos y sentencias anteriores. Sin embargo, los padres de algunos jóvenes fallecidos no se dan por vencidos. «Voy a luchar por mi hija hasta el final. Vamos a apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. No voy a morirme sin saber por qué la Justicia de Castelló está sobreprotegiendo a los culpables. Ya no creo en nada, ni en jueces, ni en magistrados, ni en fiscales», se lamenta Carmen Merchante, madre de Patricia Jiménez Merchante, que tenía 21 años cuando murió aquella noche.
Carmen está destrozada. Desde hace 5 años sufre una dolencia cardíaca como consecuencia del trauma. «Al final el sufrimiento sale y cada vez estoy peor», dice.
«Estas personas no quieren dinero. Sólo quieren saber la verdad, qué fue lo que pasó», asegura una portavoz del despacho de Leopoldo Gay, el abogado que asesora a 8 familias de las 18 afectadas.
Hoy, los pueblos de Els Ports guardan silencio. La ermita no volverá a ser nunca más el albergue público que fue. Con el recuerdo presente de los fallecidos, el ermitorio volvió a abrir sus puertas en mayo de 2009 para que se celebrasen las romerías de Sant Cristòfol, que llevan a cabo Todolella, Cinctorres, Forcall y la Mata.
En los cinco últimos años Carmen no ha dejado de realizar gestiones para aclarar si hubo negligencia. «Llegué a subir allí para hablar con Bartolo y pedirle fotos de mi hija de aquella noche. Ella siempre llevaba una cámara. Estoy segura de que esas fotos aclararían que la instalación de las estufas no era correcta».
La mujer señala a una persona: el que era entonces alcalde de Todolella, Alfredo Querol. «La Conselleria de Turismo se apresuró a decir que ese albergue estaba de baja. ¿Por qué el alcalde firmó entonces un contrato con los arrendatarios», se pregunta.

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