El recibo de la luz y la confianza en los bancos tras el escándalo de las preferentes han centrado las principales quejas de los consumidores durante esta legislatura, según la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU).

En el balance de estos cuatro años en materia de consumo, estos son dos asuntos claves, además de la cesta de la compra, los desahucios y las tasas judiciales, entre otros.

El primer asunto en la lista de reclamaciones es la electricidad porque casi tres millones de usuarios están "en situación de pobreza energética" y el 92 % de los españoles piensa que la liberalización sólo ha beneficiado a las grandes compañías eléctricas.

La "liberalización eléctrica", según CEACCU, ha supuesto un encarecimiento del recibo del 83 % y los consumidores califican este proceso con "un suspenso sin paliativos".

El estudio señala que las dificultades para pagar el recibo de la luz son "graves" para el 14 % de los consumidores, y que el 94 % no podrá beneficiarse de los cambios en el recibo de la luz tras el fin de la subasta eléctrica y el nuevo modelo de cotización diaria.

La organización ha constatado que "se ha desplomado" la confianza en los bancos tras el escándalo de las preferentes y recuerda una encuesta de 2014 sobre "hábitos y nivel de información y confianza de los consumidores en la contratación de productos de ahorro o inversión".

Los resultados fueron "demoledores", según la confederación: El 70 % de los consumidores pensaba que los bancos no son ni solventes ni fiables, un 55 % no confiaba en su propia entidad bancaria y el 74 % había cambiado sus hábitos ante esta desconfianza.

Según CEACCU, hay 800.000 afectados por el fraude de las preferentes, un caso que se ha calificado como la "colza de salud económica de los ahorradores".

A este asunto se une el de las comisiones bancarias "disparadas", según los consumidores, que aseguran que el coste de "mantenimiento de cuenta" es un 25 % más caro.

En cuanto a la cesta de la compra, durante la legislatura el 61 % de los consumidores ha modificado sus hábitos de compra para racionalizar o reducir el consumo y gasto en alimentos.

Uno de cada tres reconoce que buscaba más ofertas, el 23 % que aprovechaba más la comida y el 9 % afirmaba que directamente había reducido el gasto en alimentación.

Las tasas judiciales, ya derogadas, también han sido objeto de reclamaciones -el 75 % de los consumidores consideraba que las tasas judiciales eran perjudiciales para poder reclamar-, pero también los 70.000 desahucios anuales de media.

La transparencia es otra cuestión objeto de críticas: el 93 % de los consumidores pide que las sanciones por fraude alimentario sean públicas.