Los abogados de "los Albertos" han sostenido que estos empresarios deben ser absueltos porque habrían sido objeto de un intento de estafa si se considerara falsa la carta que utilizaron para intentar que el Supremo revisara su condena en el caso Urbanor.
Durante la última sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid, Víctor Moreno, letrado de Alberto Alcocer, ha remarcado que los dos primos han sido sometidos a un "verdadero calvario judicial" por el caso Urbanor.
Un caso que se ha prolongado con el caso de la presunta carta falsa, en donde "en modo alguno han participado en su descubrimiento, elaboración ni presentación a la Fiscalía", "ni han inducido a nadie" a ello.
"Los Albertos", acusados por los socios minoritarios de Urbanor, entre otros, de los delitos de falsificación de documento privado, denuncia falsa e intento de estafa procesal, han mantenido que firmaron un contrato con los hermanos Arnaiz para la búsqueda de pruebas exculpatorias siguiendo instrucciones de su abogado Ramón Hermosilla, también acusado.
Igualmente, hanrechazado que hubieran cometido estafa procesal porque fueron sus letrados quienes "con total autonomía" aconsejaron y decidieron promover que el Supremo revisara la sentencia condenatoria del caso Urbanor, basándose en elementos nuevos como la carta, cuya falsificación "no se podía apreciar a simple vista".
El letrado de Cortina, Juan Casanueva, también ha hecho hincapié en que los abogados de "los Albertos" Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, acusados también en el proceso, "actuaron con total libertad de criterio porque ningún letrado en su sano juicio actuaría a sabiendas de que sus actuaciones son ilegales".
"Si la sala estima que existen motivos para considerar que la carta no es auténtica, es evidente que tanto Alberto Cortina como Alberto Alcocer han sido objeto de un intento de estafa" por parte de los hermanos Arnaiz.
Casanueva ha sostenido que las pruebas practicadas durante la vista han "reventado la burbuja" creada por las acusaciones particulares, que han basado sus acusaciones en "conjeturas" y "confabulaciones".
Carta Falsa
Respecto a la falsedad de la carta, a juicio de Casanueva "no ha quedado demostrada más allá de toda duda razonable", dado que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional han podido determinar si la firma atribuida al socio minoritario de Urbanor Pedro Sentieri "es anterior o posterior al contenido de la carta".
En esa misiva, fechada en octubre de 2000, Sentieri y Julio San Martín admitían supuestamente que conocían la existencia de dos precios para la compra de terrenos de la sociedad Urbanor, lo que implicaba un delito de falso testimonio al ser lo contrario a lo que afirmaron ante los tribunales.
