La empresa promotora Quabit ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la empresa municipal de Alboraia, Egusa, para tratar de recuperar los 23,4 millones de euros que adelantó por los «futuros beneficios» del gran proyecto urbanístico de Port Saplaya que finalmente no se llevó a cabo.
Según señalaron ayer fuentes municipales, en el contencioso (presentado a mediados del pasado mes de agosto), la empresa recuerda que firmó en 2006 un acuerdo con Egusa para desarrollar un proyecto para urbanizar un sector junto a la costa y que cumplió el compromiso de pago acordado, pero que el consistorio no ha cumplido su parte del contrato que era aprobar el proyecto antes de 2014. Así que Quabit defiende que si la urbanización del sector no se va a realizar, la firma municipal debería devolverle los 23,4 millones adelantados ya que no se han cumplido las condiciones del contrato por el que se iba a desarrollar el proyecto urbanístico en sociedad con el ayuntamiento.
Tal como ha venido contado este periódico, el consistorio ya había gastado antes de 2011 ese dinero, así que el actual gobierno que preside Miguel Chavarría (PSPV) confía en llegar a un acuerdo extrajudicial con la urbanizadora ante la imposibilidad de reintegrar ese dinero.
Pese a la presentación ahora del contencioso por parte de la empresa, el ejecutivo local sigue confiando en poder ofrecerle a Quabit un proyecto urbanístico alternativo para que aquellos 23,4 millones que adelantó por el Plan de Reforma Interior (PRI) UE-2 sigan siendo una inversión rentable. «La empresa ya nos avisó de que, además de negociar con nosotros, iba a iniciar las reclamaciones legales igualmente señaló ayer la portavoz del gobierno Ana Bru (PSPV). Son procedimientos largos y entra dentro de lo habitual».
Bru explica que representantes de Quabit y de Egusa se reunieron ya antes de verano para estudiar conjuntamente un proyecto para urbanizar el actual aparcamiento que ocupa el centro comercial de Alcampo. Un proyecto que, tal como adelantó Levante-EMV, diferirá enormemente del planteado originalmente por el anterior gobierno de Manuel Álvaro y que incluía una marina, embarcadero, un hotel, un auditorio y más de 800 viviendas.
De hecho, en el futuro PGOU en el que se lleva trabajando desde finales del anterior mandato ya se plantea para este sector menos edificabilidad e incluso la posibilidad de mantener allí el centro comercial, cuyo traslado a la huerta protegida de Alboraia fue uno de los ingredientes más polémicos del plan original y que fue retrasando su ejecución hasta hacerlo inviable.
«Mientras recurren al contencioso las dos partes vamos hablando para buscar soluciones que impidan que Quabit se marche y tengamos que devolver el dinero reconocía ayer la regidora socialista. Pero llevar ahora a cabo la ejecución del proyecto no es posible por la coyuntura económica».
Ya en abril se produjo una reunión entre representantes de Egusa y de Quabit para buscar una salida al conflicto por el PRI UE-2 y los 23,4 millones entregados al ayuntamiento y destinados a obras (como el soterramiento del metro) y gasto corriente sin que el proyecto se desarrollara. En la reunión, el ejecutivo local «puso sobre la mesa» ante Quabit la imposibilidad de devolver eses dinero que este ya le había reclamado por carta en febrero. «Hay que buscar soluciones porque hay muchas partes implicadas. No queremos que nadie salga perjudicado: ni la zona comercial, ni Quabit ni el municipio. Pero las cosas han cambiado mucho y hay que tener nuevas perspectivas de sostenibilidad y viabilidad. La empresa lo entiende y todos estamos dispuestos a trabajar y encontrar soluciones», concluyó Bru.
