El teniente de alcalde de Rocafort, Víctor Jiménez Bueso (PSPV), entregó ayer a la consellera de Bienestar Social, la resolución aprobada por el pleno municipal exigiendo a la Generalitat que no recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la que se anula su cobro mediante precio público. Justo el pasado miércoles, el PP aprobó en las Corts la enmienda de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos que introduce el copago para mayores y dependientes a través de una tasa.
Jiménez Bueso se encontró con Sánchez Zaplana en la visita que la consellera realizó el centro para personas discapacitadas de Ivadis, «donde hay 79 familias que se verán perjudicadas por la aplicación del copago y muchas de ellas se plantean si llevarán a sus familiares a los centros el curso próximo», aseguró el regidor socialista. «La consellera debería sentir vergüenza por venir a Rocafort a visitar un centro de atención cuando ayer mismo el Gobierno del que forma parte firmó la medida más grave de nuestra historia democrática contra los discapacitados».
