La residencia de mayores de Benetússer cerró temporalmente en 2009 como un centro de gestión pública y, seis años después, reabrirá sus puertas bajo la dirección de una empresa privada, tal como revela la licitación que estos días ha publicado la Generalitat Valenciana, propietaria del recinto.
El anuncio, que saca a concurso la administración de las instalaciones, por lo que éstas dejarán de ser gestionadas de manera pública, especifica que el presupuesto base de licitación para hacerse cargo de la residencia durante los próximos cuatro años es de 3.784.365 euros (IVA incluido), aunque que el Consell apunta que el valor estimado del contrato sobrepasará con creces los cuatro millones y medio de euros. La presentación de las ofertas se tendrá que efectuar en los próximos 15 días naturales.
En la licitación, además de la modalidad de gestión, se detalla también la fecha prevista en que la administración autonómica tiene pensado abrir la residencia: el próximo 1 de abril. La empresa que se haga con el contrato deberá prestar servicio desde ese momento y durante los cuatro años siguientes, que son prorrogables en caso de que así lo decidan ambas partes.
La noticia del concurso cayó ayer como un jarro de agua fría sobre la Plataforma Ciudadana por la Apertura de la Residencia que esta primavera se creó en Benetússer y que, desde su nacimiento, ha venido reivindicando que las instalaciones siguiesen siendo de gestión pública. A juicio del colectivo, la Conselleria de Bienestar Social ha sacado a licitación el servicio «de manera oportunista, iniciada ya la precampaña electoral» y sin ningún tipo de miramiento hacia las «más de 1.200 firmas recogidas» por la Plataforma para que la gestión de la residencia continuase siendo pública.
Por ello, ha convocado una asamblea para el sábado 24 de enero, a las 12.00 horas, a fin de informar a la ciudadanía «y decidir las acciones oportunas». Asimismo, ayer hizo un «llamamiento a las entidades sociales de Benetússer para que manifiesten públicamente su rechazo a la privatización» de las instalaciones para el cuidado de los mayores.
La residencia, que seguirá siendo de titularidad pública, contará con 28 plazas, cinco de ellas para personas dependientes.
