La empresa que desde 2009 se ha encargado del suministro del agua potable en Silla y que ahora presta el servicio en precario después de que un juez anulase su contrato, ha presentado una liquidación que, de ser aceptada, abocaría al ayuntamiento a la ruina. La firma reclama al consistorio 8,5 millones de euros pese a que, hace cinco años, sólo le pagó en concepto de canon algo más de cuatro millones (cinco según fuentes de la mercantil). El alcalde, el popular Serafín Simeón, ya ha anunciado que el ayuntamiento no reconocerá esta liquidación, lo que, casi con toda probabilidad, llevará el asunto a los tribunales.
El montante que más eleva la cantidad final que exige la empresa se debe a «inversiones realizadas y a otros conceptos previstos en la ley», aspectos «que se aplican en caso de una rescisión de contrato como ésta, en la que las causas no son imputables a la adjudicataria», según fuentes de la firma. «Los números que se han entregado „insisten„ son lo más objetivos posible y, ahora, el ayuntamiento ha de estudiarlos y pronunciarse al respecto con argumentos de peso».
Sin embargo, al consistorio le ha bastado un simple vistazo para mostrar su disconformidad con la liquidación de la firma. «Hay aspectos, como el de las inversiones, en el que podemos estar de acuerdo con la cantidad que se reclama „asegura el alcalde„ pero otros, como el del canon o el que engloba los supuestos perjuicios, no los compartimos ni estamos dispuestos a aceptarlos». Y sólo por esos dos conceptos, la mercantil ya pide 7,3 millones al ayuntamiento. «Nos exigen la devolución del canon con intereses „añade Simeón„, pero en el contrato se especificó la cantidad que se tendría que reintegrar si se resolvía la licitación y no tiene nada que ver con lo que reclama la empresa», así que «no estamos dispuestos a aceptar unos números que entendemos muy inflados».
La liquidación, al detalle
El saldo final de la liquidación es de 8.545.307 euros dividido en tres apartados: los supuestos perjuicios que ocasiona a la adjudicataria tener que renunciar al contrato (2,1 millones) veinte años años antes de que éste acabe, el canon (5,2) y las inversiones que ha realizado en el municipio (1,2 millones) durante el último lustro.
En el canon, la concesionaria desglosa su reclamación en prestación económica fija y variable. Por el primer concepto exige la devolución de 2,5 millones más 510.000 euros de intereses, y por el segundo, 1,8 millones y 366.000 euros de intereses. En total: 5.234.870 euros. En lo que se refiere al capítulo de inversiones, la mercantil pide 1,2 millones y, en su mayor parte, cuenta con el beneplácito municipal. «Hay que mirarlo bien pero, en principio, es indiscutible que la firma ejecutó unas mejoras que ahora se han quedado pendientes de amortizar y que habrá que asumir», dice el mandatario.
Lo que más rechazo plantea en el consistorio es el apartado referido a los supuestos perjuicios, cifrados por la firma en 2,1 millones: 1,4 por conceptos como la deuda pendiente de facturar a los clientes o las pérdidas acumuladas por la mercantil en los últimos cinco años, y 655.144 euros por el lucro cesante o, lo que es lo mismo, lo que la concesionaria deja de ganar al no prestar servicio en la localidad durante los próximos 20 años.
