El Tribunal de Cuentas no ha hallado responsabilidad contable en relación a la prescripción del cobro de tributos municipales en 2012 y ha archivado la denuncia que Esquerra Unida de Quart de Poblet y su coordinador, José Navarro Carrizo, realizaronante la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana. El archivo fue utilizado por los socialistas para decir que Carrizo queda de nuevo «en evidencia», pues la actuación municipal siempre estuvo avalada por el informe de la Tesorería.
El archivo fue informado en el último pleno por parte de la alcaldesa Carmen Martínez. Navarro realizó la denuncia ante el Síndic de Greuges pero, tal como se encarga de subrayar el Tribunal, no presentó escrito alguno que fundamentara sus acusaciones cuando se abrieron las actuaciones previas y se le ofreció la posibilidad de hacerlo.
El primer teniente de alcalde, Bartolomé Nofuentes, recuerda que Navarro ha presentado escalonadamente una batería de denuncias «sesgadas y manipuladas» contra el equipo de gobierno municipal, bajo las siglas de EU y de otros partidos políticos en los que ha militado (PSI, PSD y UPyD), que han sido archivadas en todos los casos.
«Es rastrero que por afán de poder y notoriedad algunos lleven años manchando el nombre de Quart y utilizando la Justicia, dando muestras de una irresponsabilidad intolerable en quien se postula para ejercer un cargo público», añadió el edil. Nofuentes insta a EU y a su coordinador «a dejar de acudir a los tribunales buscando el titular fácil, que bastante colapsada está la justicia, y no todo vale por arañar un puñado de votos».
Asimismo, advierte que «llevan años intentando sembrar la duda sobre el equipo de gobierno pero han pinchado en hueso porque no tenemos nada que ocultar y podemos defender con la cabeza muy alta una gestión seria y honrada, que persigue siempre lo mejor para Quart, no para intereses partidistas. No entendemos ni de corrupciones, ni de clientelismos».
La resolución del Tribunal de Cuentas recoge las alegaciones que realizó el ayuntamiento, argumentadas por el informe de la Tesorería, según el cual todas las bajas de deudas tributarias se dictaron en estricto cumplimiento de la legalidad porque estaban prescritas, duplicadas o ya cobradas. Este mismo procedimiento referido a 2012, que ha recibido el aval del Tribunal de Cuentas, se repitió en 2013.
