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El rescate de servicios privatizados cuesta a los ayuntamientos más de 25 millones

Mislata (16,7 millones), Benetússer (5) o Torrent (3,7) han tenido que pagar para recuperar infraestructuras cuyos gestores han abandonado por la crisis - Sedaví invierte 159.000 euros en reabrir la piscina cerrada y Catarroja, tres millones en reparaciones

En los años de las grandes infraestructuras muchos ayuntamientos optaron por conceder a empresas privadas la construcción y gestión de nuevos servicios. La crisis económica ha supuesto un revés tanto para los consistorios como para aquellos inversores que hacían negocio a su costa. Pero, mientras que los ayuntamientos no pueden dejar de atender sus obligaciones con sus «clientes» (los vecinos), las empresas sí pueden abandonar cuando las cosas van mal, dejando un «muerto» de cientos de miles de euros a sus antiguos patrocinadores públicos. En la comarca de l'Horta este «muerto» alcanza (y, seguramente, superará) los 25 millones de euros.

Tal como recogía ayer este periódico, el Ayuntamiento de Benetússer ha ofrecido a la exgestora de la piscina cubierta municipal 4,93 millones de euros a cambio de recuperar este complejo deportivo, que permanece cerrado desde marzo de 2014. La adjudicataria construyó la piscina en en un solar municipal y la abrió en 2009. A cambio, el ayuntamiento hizo una aportación inicial de 1,3 millones, y tendría que haber pagado una cantidad durante una década más un canon anual de no haberse negado a ello al considerar que las obras no estaban terminadas. En noviembre una sentencia determinó que la resolución del contrato se debió a causas imputables al consistorio y revocó el acuerdo plenario que ordenaba a la empresa devolver las instalaciones. Así, para recuperar su piscina cubierta, entre los 1,3 millones pagados al principio y los 4,93 que tendrá que pagar ahora, Benetússer acabará desembolsando casi un millón de euros más de lo que se presupuestaron las obras.

El de Benetússer es el último caso (de momento) de costoso rescate para un ayuntamiento de l'Horta. El primero, y seguramente más sangrante, fue el que obligó a pagar la constructora Lubasa al Ayuntamiento de Mislata cuando en 2009 decidió abandonar el proyecto de gestión de cuatro aparcamientos municipales, tres de ellos cuando ya estaban construidos y el cuarto cuando sólo se había hecho un enorme agujero. La empresa alegó que el proyecto no era viable económicamente, y el entonces gobierno del PP firmó un convenio con el que aceptaba pagarle 16,7 millones por la parte del proyecto que había ejecutado, incluyendo 3 millones en concepto de tasas e impuestos, honorarios facultativos y beneficio industrial que Lubasa cobró indebidamente. Ahora una sentencia le obliga a devolver estos 3 millones y pagar al consistorio 3,1 millones como indemnización por incumplimiento contractual.

En Sedaví, la empresa que construyó y gestionaba la piscina cubierta y el complejo deportivo municipal decidió en agosto de 2014 cerrar las instalaciones (valoradas en 3,57 millones) al considerar el servicio como un negocio «inviable». El ayuntamiento acusó a la gestora de falsear los datos contables de la concesión y acordó rescatar el servicio por incumplimiento de contrato. De momento la piscina sigue cerrada y el consistorio ha anunciado una inversión de 139.000 euros para volver a ponerla en marcha mientras redacta nuevos pliegos para la concesión.

En Catarroja se ha dado la paradoja en los últimos dos años de que la gestión de las infraestructuras deportivas está privatizada pero las graves deficiencias que aparecieron en la antigua piscina cubierta y en la de verano „ambas estuvieron tiempo cerradas„ no fueron asumidas por la empresa gestora sino que fu el consistorio el que tuvo que desembolsar, a través de ayudas de otras administraciones y con fondos propios, hasta tres millones de euros para repararlas y reabrirlas.

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