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Un empresario denuncia que un PAI le impide construir su nave en Sedaví

La unidad de ejecución del PGOU impone construir una calle interior y derribar varias empresas

Un empresario denuncia que un PAI le impide construir su nave en Sedaví

El propietario de un terreno calificado como terciario en Sedaví, Cecilio Palacios, considera que es víctima de una «injusticia» urbanística que comete el ayuntamiento al no poder construir en este suelo una nave para trasladar su actividad de tienda, exposición y oficinas, junto a las que ya existen. Este empresario, vinculado al sector de la fontanería, lleva tres años de batalla administrativa.

Palacios adquirió en la década anterior este terreno, de unos 1.000 metros cuadrados, que forma parte de una pastilla sin construir de 2.400, junto a un grupo de naves. Entonces el suelo estaba calificado como zona de «almacenes y servicios» donde se permitían usos terciarios, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988. De ahí que se construyeran seis edificios, entre ellas un conocido restaurante.

En la última legislatura del gobierno socialista se aprobó un nuevo PGOU que no llegó a entrar en vigor porque los populares lo paralizaron al llegar al gobierno en 2007, al entender que no era el modelo de ciudad que querían. Y en el año 2011, el Ayuntamiento de Sedaví aprobó un nuevo PGOU ya elaborado por el PP.

En la nueva ordenación se estableció una unidad de ejecución en el punto donde está el terreno, la avenida del País Valencià, que abarca una superficie de cerca de 9.500 metros cuadrados, en la que grafió una calle. Además, se estableció la ejecución única de la unidad, lo que significa que se ha de desarrollar de forma conjunta y no parcialmente.El planeamiento implica que la ejecución supondría la demolición total o parcial de todas las naves para construir la calle.

Palacios presentó en 2012 un proyecto para construir un edificio donde albergar su tienda, almacén y oficinas, que ahora están en un local alquilado. Pero la solicitud fue denegada porque la unidad de ejecución ha de desarrollarse en su totalidad. También se le rechazó un proyecto por el que planteaba abrir la calle en su tramo y construir a ambos lados. Y la propuesta de que se modifique la unidad de ejecución, presentada el 31 de julio de 2013, se abordó en la junta de gobierno de febrero de 2015, donde se rechazó, casi dos años después.

A lo largo de tres años, este empresario ha presentado propuestas, reclamaciones y escritos que, «o bien no han recibido respuesta o me los han denegado», asegura. También afirma haber mantenido numerosas reuniones con el alcalde. «Actúa como si el ayuntamiento fuera suyo, como si fuera su empresa donde se hace lo que él dice, con formas dictatoriales propias de otros tiempos», opina. «Tengo un terreno en el que no puedo hacer nada aunque es urbano y terciario, pero pago 2.000 euros de contribución y tengo que hacer las limpiezas periódicas», se queja.

Plan de inviabilidad

Su última iniciativa, de la que aún no tiene respuesta del ayuntamiento, ha sido plantearle al consistorio un informe de inviabilidad de la unidad de ejecución redactado por un arquitecto, en el que establece que el coste de realizar esa operación urbanística global sería de 6,9 millones de euros, frente a los 5,87 que vale todo el suelo. Por ello, en base a la Ley Urbanística Valenciana, solicita que se declare inviable y se modifique la unidad de ejecución.

El cálculo de ambas cantidades se ha realizado teniendo en cuenta que la apertura de la calle supondría 989.412 euros, tanto la obra como la reposición de fachadas, mientras que la indemnización por demoler las naves construidas legalmente ascendería a 1,99 millones. El coste de la demolición propiamente dicho se calcula en el informe en 1,2 millones a los que hay que añadir otros 2,7 por indemnizaciones de cese de actividad.

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