El pleno del Ayuntamiento de Aldaia ha aprobado iniciar una nueva modificación del plan Parcial del sector PP-4 del Plan General de Ordenación Urbana, que implica partir de cero en este planeamiento programado en los años 90 del pasado siglo y que ha sufrido ya diversas modificaciones sin ejecutarse. Una sentencia a raíz de un recurso presentado por pequeños propietarios ha obligado a dar este paso. El recurso cuestionaba la modificación que se realizó en 2007 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano establece que no contó con el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar respecto a la disponibilidad de los recursos hídricos.
El fallo obliga a volver al planeamiento original de los años 90, que no se ajusta a la realidad del terreno, donde varias grandes industrias propiedad del dueño del 83% del suelo, un conocido empresario local, han crecido sin respetar la ordenación, por lo que tienen un largo historial de órdenes de ejecución y sanciones, informan fuentes municipales. En esas naves trabajan actualmente unas 600 personas. Tampoco la ordenación de los años 90 corresponde con la petición que, desde hace años, planteaban los pequeños propietarios, que apostaban por convertir parte del suelo de industrial a terciario comercial.
Aunque el Ayuntamiento de Aldaia ha recurrido ante el Supremo la sentencia, en previsión de que sea inadmitido o se falle en contra, el pleno acordó, con los votos del Partido Popular y el PSPV-PSOE, iniciar una modificación del plan parcial, requerir a las empresas que presenten proyectos y obtener el visto bueno de la Generalitat Valenciana, que ha de autorizar la modificación de estándares. Si, por contra, el consistorio ganara el recurso, quedaría vigente el planeamiento de 2007, que es el punto al que en parte se pretende volver.
Esta pirueta administrativa se aprueba un mes después de que una propuesta diferente „una modificación de la ordenación de 2007 tendente a legalizar parte de lo construido irregularmente para evitar derribar las naves y la pérdida de puestos de trabajo„se quedara sobre la mesa en el pleno al llegar ese día un dictamen contrario del Consell Jurídic Consultiu. El concejal de Urbanismo, Eduardo Serra, asegura que si bien ya se ha subsanado ese asunto con un segundo informe favorable, se ha creído conveniente reiniciar de cero la tramitación para «solucionar de una vez este caos que dejaron los socialistas por ser excesivamente permisivos con las empresas que construyeron sin permisos y ocuparon viales».
Ante las críticas de la izquierda sobre la forma de actuar del grupo empresarial, Serra asegura que desde su llegada a Urbanismo «se han tramitado todas las sanciones, casi al ritmo de una por semana; unas se han cobrado y ascienden a varios cientos de miles de euros y otras están recurridas, lo que antes no siempre pasaba».
Los socialistas votaron a favor de la propuesta, que llegó al pleno a través de una moción del grupo municipal popular y no de alcaldía, por considerar que se ha de dar respuesta a la sentencia para comenzar de nuevo un planeamiento y regularlo.
Por su parte, Esquerra Unida criticó que la firma «mantiene hacinados y en condiciones insalubres» a los empleados y de ahí las denuncias de Inspección de Trabajo, y que lleva años utilizando el argumento «de los puestos de trabajo en peligro para cometer las tropelías mencionadas», por lo que «no existen garantías de que no siga actuando como hasta ahora, para favorecer sus exclusivos intereses y al margen o en contra de los intereses generales».
