Antonio Martínez, propietario y gerente de la planta de biogás asentada en Picassent y cuya autorización para transformar materia orgánica se extingue en 2016, tal como ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) y Levante-EMV publicó el martes, solicitará en breve una prórroga de la declaración de interés comunitario que le permite ejercer tal actividad.
La petición se cursará ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que fue la que en diciembre de 2006 concedió a la firma la licencia para compostar productos vegetales y luego, en agosto de 2011, le amplió ese permiso para trabajar en más parcelas y construir y explotar la planta de biogás. La intención de Martínez es que la Generalitat le dé una prórroga de diez años más, «tal como recoge la propia declaración de interés comunitario». En caso de que el Consell le autorizase el nuevo plazo, la planta de biogás, ubicada en la partida del Devadillo, «no tendría que cerrar».
Además de la prórroga, el propietario de las instalaciones también ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por el TSJ-CV.
