La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, compareció a primera hora de ayer por voluntad propia ante la Fiscalía de Valencia para entregar la documentación relativa a la liquidación de la empresa Desarrollo Local de Paterna, después de tener conocimiento de una denuncia del PSPV que dio origen a la apertura de una investigación por parte del ministerio público.
Martínez se entrevistó con el Teniente Fiscal, que recibió la documentación que «esclarece las dudas malintencionadas» planteadas en la denuncia del PSOE, que le acusa de presunta prevaricación y malversación de fondos públicos por generar unos gastos de unos 1,2 millones de euros, pese a que la firma mixta no tuvo actividad.
Al mismo tiempo, la alcaldable del PP anunció el inicio de los trámites para llevar al juzgado al portavoz y alcaldable socialista, Juan Antonio Sagredo, por una denuncia falsa y un supuesto delito contra el derecho al honor.
Martínez asegura que tras la lectura completa de la documentación se desprende que «no hubo prevaricación pues todas las decisiones se tomaron atendiendo las consideraciones previas de los técnicos municipales». Y añade que tampoco pudo haber malversación de fondos públicos dado que «el desarrollo y ejecución del proyecto DLP no ha supuesto para el ayuntamiento ningún daño, al ser el socio privado —las empresas que tenían el 49% del capital— quien ha asumido desde el momento inicial todos los costes derivados de la licitación, así como de la constitución, pervivencia y disolución de DLP». Desde alcaldía se recordó que el ayuntamiento aportó para la constitución de la sociedad una serie de inmuebles que «recupera íntegramente tras la liquidación de la sociedad». Ante la acusación del PSPV de que Martínez votó la disolución sin ser autorizada por el pleno, la alcaldesa explica que se abstuvo y que el acuerdo de clausura de DLP se acordó con el voto del 64,9% del capital social y «fue legal». Sin embargo, desde el PSOE de defiende que la «abstención es un sentido del voto».
Para formular su denuncia contra el PSPV al sentirse indefensa en plena campaña electoral, Martínez se basará en el artículo 456 del Código Penal, que expone: «los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación». Este delito puede conllevar hasta la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.
«Cada denuncia falsa de la que seamos objeto y quede archivada va a atener la correspondiente denuncia por lo penal», avisó Martínez, que criticó que el PSPV diera notoriedad a una denuncia que «está en fase primaria de instrucción por parte de la Fiscalía, con el evidente interés de obtener rédito electoral menoscabando la imagen de la alcaldesa». Sagredo contestó que seguirá con la denuncia porque «si todo estuviera en regla, Fiscalía hubiera archivado el caso».
