El Juzgado de Moncada ha abierto una investigación a dos bandas en relación a las imágenes captadas por una cámara de seguridad en la empresa municipal de Alboraia, Egusa. Tal como publicó este periódico, en aquella grabación de un domingo de septiembre de 2011 se veía entrando en la sede de la firma, y saliendo cuatro horas después, a siete personas, tres de ellas (los tres regidores de UPPA) eran miembros del entonces equipo de gobierno cuatripartito. Y, como relató también este periódico, aquella grabación fue llevada ante la Guardia Civil por el actual presidente de la empresa para que averiguara si pudiera tener relación con una posible sustracción de documentos oficiales.
Por una parte, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Moncada abrió el 20 de mayo diligencias previas por una querella del exalcalde, y entonces portavoz del PP, Manuel Álvaro contra la exteniente de alcalde Mamen Peris (UPPA) por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y presunta prevaricación administrativa. Y, por otra, el juzgado número 1, también de Moncada, ha abierto diligencias previas tras la denuncia de seis de las siete personas que aparecen en el vídeo contra Manuel Álvaro por los supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos al hacer público el contenido de aquel vídeo en una rueda de prensa e identificar a las personas que aparecen en él.
Algunas fuentes han asegurado que el juzgado número 1 ha unificado ambas causas, al estar las todas las denuncias relacionadas con el mismo asunto, aunque este periódico no ha podido confirmar la información. De momento Levante-EMV ha podido saber que el número 4 citó a declarar como testigo al expresidente de Egusa, Carlos Corella, que también aparece en el vídeo, pero no a Mamen Peris.
Cabe recordar que, tal como adelantó Levante-EMV, el primero en llevar ante la justicia aquella grabación del 4 de septiembre de 2011 no fue Álvaro sino el presidente de Egusa, Agustí Martí, que entregó el vídeo a la Guardia Civil para que investigase «si se hubiesen podido sustraer o destruir documentos» por parte de las personas que aparecen en él, o «se hubiese producido el acceso a los mismo de personas no autorizadas». Aquella denuncia fue archivada por el juzgado número 2 de Moncada al ser de «autor desconocido».
Tras este archivo, fue Álvaro el que a finales de marzo se querelló contra Peris ya que sospecha que el vídeo en el que se ve a la ahora concejala de Ciudadanos y otras seis personas demostraría que ese domingo por la tarde (cuando la empresa estaba cerrada) entraron a Egusa para obtener la documentación que después usaron para confeccionar un informe jurídico que sirvió para investigarle por varios delitos (falsedad documental, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades y prevaricación). Investigación, por cierto, que sigue abierta en el mismo juzgado número 1 de Moncada.
La querella de Álvaro argumenta que el informe del abogado Pedro Nácher fue realizado «al dictado de Peris». «Se realiza con los temas elegidos por Carmen Peris y sin que el abogado solicitara ningún documento en el ayuntamiento», declaró Álvaro ante los medios de comunicación, para añadir que «más sospechoso» es que el informe aportara documentos del registro mercantil sobre una propiedad de Álvaro y su esposa «con fechas anteriores» a la contratación del penalista, y «que fueron solicitados por la propia Peris, según pudimos comprobar».
Álvaro también aludió a la supuesta desaparición de Egusa de trabajos encargados durante su mandato para la gestión y promoción de un nuevo centro comercial, que «al pedirlos se nos dicen que no aparecen en 2013 y luego sí que los encuentran en 2014 tras la comisión de investigación».
Posible acceso ilegítimo al vídeo
Por su parte, las denuncias contra Álvaro „presentadas por Peris y sus compañeros de UPPA Julián Ballester y Vicente Martínez, el jefe de prensa de esta formación, Antonio Romero, el militante Justo Panach, y el ex responsable de programa electoral del PP local, Víctor Soriano„ consideran que el exalcalde pudo incurrir en el delito de descubrimiento y revelación de secretos cuando el 30 de marzo ofreció la rueda de prensa para anunciar su querella contra Peris y decir que en el video de Egusa figuraban todos ellos, «llegando a afirmar que incluso tiene una copia del video que habría sido adjuntado en la denuncia presentada».
«Habida cuenta que Álvaro no es miembro del consejo de administración de Egusa desde que dejó de ser alcalde y presidente de la empresa pública, ni tampoco consta que forme parte de su equipo de seguridad, es posible que haya accedido de un modo ilegítimo a dichas grabaciones que están protegidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos por afectar al derecho fundamental a la intimidad y a la propia imagen reconocido constitucionalmente».
