El juzgado de instrucción número 3 de Torrent ha dictado un auto de sobreseimiento provisional de la denuncia que interpuso la anterior alcaldesa de Aldaia (PP), Carmen Jávega, contra el portavoz del colectivo de Esquerra Unida en el Barrio del Cristo, Julián Herráiz, al que acusó de distintas actuaciones de carácter agresivo contra ella y contra su cargo.
Según un comunicado de EU, las «falsas» acusaciones de Jávega consistían en una pegada de carteles exigiendo su dimisión y en distintos actuaciones vandálicas como pinchar ruedas de su vehículo o arrojar huevos contra su fachada. El auto del 18 de junio precisa que «no existen motivos lógicos suficientes» para atribuir la autoría de los daños, además de que la fiscal indica claramente que de los carteles no se desprendía «ánimo intimidatorio alguno, sino más bien de crítica política (no sorprendente, tratándose de partidos políticos tan distantes, Partido Popular e Izquierda Unida) y sin perjuicio de lo discutible que pueda ser la estética o la forma para ello utilizada».
Asimismo se remite el testimonio de la denunciante al Juzgado de Paz de Aldaia por las posibles amenazas contenidas en los carteles. «No obstante, lo que también ha quedado claro es que la denunciante aún mantiene su actitud victimista y querulante, al haber demandado que este sobreseimiento fuera provisional», aseguró EU.
Julio Herraiz, portavoz del colectivo de Esquerra Unida, tras conocer este auto de sobreseimiento, señaló ayer que «la verdad es que no estaba muy preocupado, pues para nosotros eran evidentes la ausencia de pruebas y del menor ánimo agresivo o violento por nuestra parte. El problema, en todo caso, es que la ex alcaldesa confundía los papeles y pensaba que nuestro cuestionamiento de su desempeño público como alcaldesa era una agresión contra su persona. Efectivamente, la Justicia nos ha dado la razón».
El edil de EU en Aldaia, Juanjo Llorente, añadió: «aunque sea sólo provisional, este sobreseimiento resulta bastante positivo, considerando los tiempos que corren de creciente represión desde el gobierno Rajoy y demás instituciones de las libertades democráticas básicas, y faltando apenas días para que entre en vigor la ley mordaza (1 de julio), que aún criminalizará más las libertades de expresión y de manifestación».
