El juzgado de primera instancia e instrucción número cuatro de Mislata ha condenado a una expresidenta de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio Miguel de Cervantes, situado en Xirivella, a seis meses de prisión, por un delito de apropiación indebida. En concreto, fue denunciada por sus sucesores en el cargo por quedarse con parte del dinero que manejaba la entidad entre 2010 y 2011 y no haberlo justificado. Además, durante el tiempo de la condena la exdirigente de la AMPA tiene una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo —poder ser elegida para cargos de representación—.
La sentencia indica que la pena se ha sustituido por doce meses de multa, a razón de un pago de cinco euros al día —unos 900 euros— además del abono de los intereses del proceso judicial. De forma paralela, la afectada tendrá que indemnizar a la asociación «en concepto de responsabilidad civil» con la cantidad de 1.500 euros más los intereses desde el momento de la apropiación.
Tres años de tramitación
El proceso judicial arranca en mayo de 2012 cuando finalmente la asociación de madres y padres de alumnos del Cervantes pudo esclarecer las cuentas, después de meses de enviar requerimientos tanto a la que había sido la presidenta como a otra dirigente, según constaba en la denuncia. De hecho, inicialmente se interpuso contra las dos componentes de la junta directiva anterior a las que se les reclamaba una cantidad de 3.200 euros, que era el dinero que no estaba justificado.
Con todo, la sentencia indica que durante el proceso se ha retirado la acusación a la otra directiva por lo que en el fallo figura expresamente que queda absuelta de las acusaciones.
Además, finalmente el fallo judicial, dictado el 18 de junio de 2015, se emite «sin la necesidad de continuar con el juicio oral» ya que se presentó el escrito de conclusiones firmado por el Fiscal, así como por la letrada defensora y por la propia acusada, al haber llegado a un acuerdo y reconocer ésta los hechos que se le imputaban en la denuncia. Tanto el Fiscal como la defensora manifiestan en la sentencia que no van a recurrirla, por lo que es firme.
Sin acceso a la cuenta corriente
La junta directiva que inició el proceso en los tribunales comenzó a ejercitar sus funciones en el AMPA durante el curso 2011-2012. En el documento explicaron que si bien en el curso anterior no se realizó la constitución oficial de la directiva, en la práctica ejercían los principales cargos dos personas que eran las «únicas» que tenían acceso a la cuenta corriente y que era necesaria la firma de ambas para sacar dinero o emitir cheques.
Como publicó Levante-EMV, en 2012, la denuncia explicaba que cuando se realizó el relevo en la directiva, los nuevos cargos no pudieron tener acceso a la cuenta hasta pasado un tiempo, cuando lograron cambiar los nombres de los titulares y fue cuando observaron que se había sacado dinero sin que existieran facturas.
Entonces, y siempre según el escrito de la denuncia, la expresidenta les indicó que tenía en su casa 1.500 euros en efectivo de la asociación pero estaba en medio de una mudanza y había tirado las facturas justificativas del resto de pagos. La AMPA realizó diversos requerimientos a ambas exdirectivas para que repusieran el dinero, por lo que finalmente interpusieron la denuncia. De entre los diferentes movimientos de entrada —cuotas de los socios— y salida de dinero —gastos varios—, llegaron a la conclusión de que faltaban 3.200 euros y así lo informaron al tribunal.
