El consistorio lleva también años tratando de hallar la fórmula para sacar de la calle a este vecino. «Está constantemente controlado por los servicios sociales con visitas allí y por la Policía Local pero es un tema muy complejo», indican. Meses atrás, el consistorio gestionó su estancia en dos residencias diferentes pero «está muy poco tiempo y se marcha, y no se le puede obligar a quedarse contra su voluntad». La vía judicial de incapacitarle mentalmente para que sea la administración la que decida por él «no es posible porque cuando está sobrio razona con normalidad». Pero el alcoholismo ha provocado que «la familia no quiera saber nada». Por ello, los Servicios Sociales municipales consultaron con la Fiscalía, donde se pactó tratar de tramitarle una pensión mínima y solicitar una plaza de residencia para él «que de momento ha firmado». l. sena albal
