Los ayuntamientos de l'Horta tendrán que rascarse el bolsillo para devolver al Gobierno central los casi 8,7 millones que éste les pagó de más en 2013 al calcular mal su participación en los tributos generales del Estado, según refleja la liquidación definitiva de aquel año hecha pública hace unos días por el ministerio. En algunos casos, como en el de Paterna, el consistorio deberá afrontar un desembolso (el mayor de la comarca) de 1,2 millones, lo que podría generar dificultades a las finanzas municipales, aunque fuentes del ayuntamiento se mostraron ayer convencidas de que «no habrá problema» a la hora de retornar el dinero a Hacienda.
No obstante, el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Sagredo, culpó al Ejecutivo central de haber «hipotecado las inversiones de esta legislatura» con «el error de cálculo de Montoro». Y es que, para saldar la deuda, el consistorio solicitará al ministerio que, a partir de enero de 2016 y durante los siguientes tres años, le compense mensualmente los ingresos que le corresponden de los tributos generales del Estado. «Para pagar el fallo del ministro, tendremos que dejar de recibir 36.000 euros cada mes durante los próximos tres años —detalló el mandatario—; un dinero que hubiéramos podido invertir en los vecinos de Paterna». La ciudad no podrá acogerse al abono prorrateado durante diez años que ofrece el ministerio debido a que no cumple los objetivos de déficit impuestos desde el Gobierno.
Mislata es también uno de los principales afectados, puesto que deberá hacer frente a una importante devolución: 881.542 euros, la segunda en importancia en la comarca. El débito procede, en su mayor parte, de lo que el ministerio le adelantó en 2013 de los impuestos generales. Por este concepto recibió a cuenta 8.324.208 euros cuando, en realidad, sólo le correspondían 7.476.642; es decir, percibió 847.565 euros de más. En lo que se refiere a su participación en el reparto del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), Hacienda también le ingresó de más 33.976 euros que, ahora, el ayuntamiento mislatero tendrá que devolverle.
Dado que la localidad sí cumple los objetivos ministeriales de déficit, el consistorio solicitará el pago aplazado de la deuda —sin intereses— durante los próximos diez años. «Empezaremos a devolver el dinero en 2016, aunque estaremos pendientes de la siguiente liquidación, la de 2014, porque podría ser favorable a los ayuntamientos, como ha ocurrido en otras ocasiones, y entonces compensaríamos el débito», reveló ayer la alcaldesa accidental y concejala de Hacienda, Mª Luisa Martínez.
Torrent, que no está incluido entre los consistorios de régimen general sino entre las ciudades de más de 75.000 habitantes, deberá retornar 773.991 euros: 31.389 por los impuestos cedidos por el Ejecutivo central y 742.602 por el Fondo Complementario de Financiación. Alaquàs y Aldaia, por su parte, son los siguientes ayuntamientos en el ránking de las mayores devoluciones, con 398.781 y 367.880 euros respectivamente, mientras que Manises se queda un poco atrás con 359.176 euros y Catarroja, con 306.344.
Los que menos retornarán
En el lado opuesto están los consistorios que menos dinero tendrán que devolver a Hacienda, bien porque sus ingresos son menores (suelen ser también los que menos población tienen) o porque los cálculos ministeriales han sido más exactos. El primero de la lista es Llocnou de la Corona, que sólo deberá retornar 3.453 euros, una cantidad ínfima para casi cualquier consistorio del área metropolitana pero más que importante para uno de los municipios más diminutos de la Comunitat Valenciana y cuyo presupuesto el año pasado apenas ascendía a 54.700 euros.
Vinalesa es el segundo ayuntamiento de l'Horta al que menos deuda exige el Gobierno central por su error de cálculo en el reparto de los tributos generales. En concreto, el municipio tendrá que afrontar un desembolso de 17.845 euros, mientras que Beniparrell se sitúa en tercer lugar con un total de 19.515 euros de deuda. La cifra asciende ligeramente en el caso de Albuixech (20.939 euros) y se dispara ya en el de Alfara del Patriarca, con 24.102 euros, Bonrepòs i Mirambell (30.680), y Albalat dels Sorells, con 31.633 euros, municipios todos ellos que rondan sólo los 3.000 habitantes y, por lo tanto, con una discreta capacidad económica.
