La firma que desde el año 2006 trabaja para el Ayuntamiento de Torrent en todo tipo de actos de fiestas y que en los últimos días de legislatura, cuando el Partido Popular estaba en funciones, presentó de golpe facturas por valor de 234.000 euros que se remontaban a cuatro años atrás, asegura que esta práctica era la que imponía como forma de trabajo ese gobierno local. Así lo detalla su representante en las alegaciones que ha presentado, a raíz de que el nuevo gobierno socialista detectara ese abultado paquete de facturas y decretara la prescripción de gran parte, por corresponder a servicios prestados hace más de cuatro años y establecerlo así la legislación. La empresa monta escenarios, pone megafonías, proporciona mesas y sillas e incluso organiza espectáculos.
Así, la sociedad explica en su recurso que trabaja para el ayuntamiento desde 2006 —entonces aún estaba el PSPV y el PP entró en 2007—, una administración que «siempre ha pagado tarde pero en el momento en que disponían de partida presupuestaria». En concreto, «cuando disponían de dinero, nos llamaba para que emitiéramos parte de las facturas pendientes por los servicios prestados para abonar lo que podían». La firma «dio un margen de confianza» al consistorio por demostrar «la buena voluntad de pagar y ponerse al corriente» y, por ello, asegura que siguió trabajando —hasta el día de hoy— «a pesar de que se nos debía mucho dinero». «Esta empresa es pequeña y no puede financiar a sus clientes —matiza el responsable— pero la buena voluntad es lo que nos motivó».
La mercantil afirma que toda la corporación era conocedora de la deuda y señala con nombres y apellidos a una asesora del PP, a un alto funcionario del consistorio y, de forma genérica, al concejal de Economía y Hacienda —ha habido dos en el cargo— como «los que marcaban las directrices». Respecto al procedimiento, la empresa «de forma continuada mantenía conversaciones telefónicas para ver cómo liquidaban la deuda» y «la contestación telefónica de la concejalía de Economía y Hacienda era que 'no nos preocupáramos, que tenían en mente nuestra deuda y que tan pronto como dispusieran de partida presupuestaria nos avisarían». La empresa defiende que ha prestado los servicios que reflejan las facturas y ve un «abuso de poder» que se consideren prescritas. «Quiero que tengan claro que no puedo soportar este impago y que puede conllevar el que tenga que cerrar mi empresa», remarca.
Por ello, aunque conocedor de la ley, el representante de la firma está convencido de que «ese ayuntamiento se rige por los principios de justicia» y se ofrece para pactar un plan de pagos «que no perjudique a ninguna de las partes».
