El nuevo equipo de gobierno de Catarroja anunció ayer que busca soluciones «al problema generado por las cámaras de tráfico instaladas por el PP», según destacaron fuentes municipales. «Ante las quejas de numerosos vecinos de la localidad —insistieron—, el consistorio trata de mitigar los efectos de una decisión adoptada en la anterior legislatura».
A finales de 2014, el anterior equipo de gobierno del PP firmó un convenio con la Mancomunitat de l'Horta Sud —cuya presidenta es aún Soledad Ramón, en aquello momentos también alcaldesa de Catarroja— para gestionar las multas de tráfico. A principios de este año se instalaron las cámaras, «situadas estratégicamente para grabar las infracciones cometidas en los semáforos».
Los aparatos estaban instalados, pero no comenzaron a funcionar hasta junio, apenas unos días después de que el PP perdiera la mayoría absoluta en el ayuntamiento. «Las cámaras se activaron —denunciaron las fuentes— sin avisar al nuevo gobierno». Las notificaciones de las multan tardan unos dos meses, por lo que no ha sido hasta agosto cuando han empezado a llegar las sanciones a los vecinos. Para el actual gobierno local, antes de multar se debería haber avisado a los ciudadanos de la instalación de las cámaras.
