El Ayuntamiento de la Pobla de Farnals ha aprobado requerir a Bankia la incautación de los alrededor de 455.000 euros que la entidad bancaria tuvo que depositar como aval por el desarrollo de un proyecto urbanístico en el municipio. Según explicó ayer el alcalde Enric Palanca, Bankia ha incumplido los plazos de ejecución del proyecto „que, según explicó ayer a este periódico, está situado en la zona de la playa„ y ha sido la corporación municipal la que ha aprobado reclamar la compensación económica.
El regidor socialista subrayó que con esta medida «el ayuntamiento no está intentando recaudar dinero, sino que las empresas urbanizadoras que han actuado en el municipio cumplan con la ley. En este sentido, el propio Palanca señaló que ya el anterior gobierno local del PP inició una revisión del grado de ejecución de los proyectos urbanísticos que se han aprobado en la última década en esta localidad de l´Horta Nord, con el fin de reclamar a sus responsables las compensaciones económicas obligatorias en el caso de que no hayan cumplido los plazos de los proyectos. «Vamos a reclamar todas las obras que no se han ejecutado», añadió el edil.
De hecho, el requerimiento del aval a Bankia no es el único movimiento de este tipo que ha iniciado el ayuntamiento poblatano. Así, el pasado 8 de julio el alcalde inició el procedimiento para la declaración de incumplimiento de deber de edificar de unos bloques de apartamentos también en la zona de la playa.
Se trata de parte de los inmuebles que edificó la mercantil Prodaemi en el área SU. 9 de la Playa para la construcción de dos bloques de 148 viviendas, dúplex y apartamentos cuya licencia data de noviembre de 2006. Según la resolución firmada por el anterior alcalde José Manuel Peralta el pasado abril, en noviembre de 2006 el proyecto recibió la licencia preceptiva pero el edificio quedó sin acabar y desde entonces el ayuntamiento ha sancionado varias veces a la empresa por motivos de seguridad, además de acudir a la ejecución subsidiaria de algunas medidas de seguridad.
El 28 de abril el arquitecto municipal emitió un informe asegurando que el edificio «no reúne las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y decoro al encontrarse inacabado y en estado de abandono». Ayer, el nuevo alcalde socialista también destacó los problemas en el entorno que provoca este gran edificio abandonado desde hace años y la necesidad de tomar medidas al respecto.
Ahora, tras haber declarado el incumplimiento del deber de edificar, la obra queda registrada en el registro municipal de edificios y solares a rehabilitar y cualquier persona física o jurídica puede promover un programa de actuación para concluir el proyecto. Además, el ayuntamiento podrá iniciar la venta forzosa del edificio en pública subasta e incluso su expropiación, extremo que el gobierno local descarta porque supondría una inversión importante para el consistorio.
Cabe recordar que estos edificios de la constructora Prodaemi fueron objeto de una investigación judicial por el pago de los excesos de aprovechamiento al ayuntamiento, causa que finalmente quedó archivada.
