El nuevo gobierno del PSPV, que preside el alcalde Juan Antonio Sagredo, llevará al próximo pleno la liquidación definitiva de la empresa mixta Desarrollo Local de Paterna (DLP) que fue creada por el exalcalde del Partido Popular, Lorenzo Agustí, al inicio de su segundo mandato para la ejecución de unas cuarenta obras durante un periodo de 40 años de concesión, pero que no tuvo ninguna actividad al llegar la crisis económica y no encontrar financiación.
Las tenientes de alcalde de Infraestructuras y de Sostenibilidad, Nuria Campos y Eva Pérez, firmaron ayer la propuesta-informe de la jefa del Área que se llevara a comisión y pleno para resolver el contrato con las dos empresas —Assignia Infraestructuras y Acciona Infraestructuras—, que en una Unión Temporal de Empresas ganaron el concurso público convocado en 2010 para convertirse en el socio privado del ayuntamiento, con el 49 % de las acciones en la empresa mixta. El consistorio, así como la firma pública Sumpa, disponían del 51% del capital siendo el socio mayoritario para ejercer el control.
Entre las infraestructuras que se anunciaron destacaba el soterramiento de la línea 1 de metro, el enlace de las carreteras CV-31 y CV-365, la urbanización y acceso a zonas comerciales —se hablaba entonces de la fallida Ikea—, la urbanización Llano del Cura —PAI anulado después por el Tribunal Supremo—, construcción de escuelas infantiles, aparcamientos subterráneos así como de centros de día y cívicos, polideportivos y viviendas de VPP en la colonia militar y Llano del Cura.
«Chiringuito carísimo del PP»»
«Queremos liquidar la empresa DLP porque nunca ha llegado a tener actividad y porque se ha convertido en un coladero de dinero público. Ha sido un chiringuito carísimo y sin sentido del anterior gobierno del PP, que funcionaba a base de ocurrencias del exalcalde Lorenzo Agustí», declaró ayer a Levante-EMV la portavoz del grupo socialista, Nuria Campos.
Según el informe, el ayuntamiento se garantiza que las empresas privadas restituyen al ayuntamiento y a la promotora local Sumpa —ahora en concurso de acreedores— diferentes parcelas y un local, así como que no se exijan al consistorio responsabilidades de ningún tipo o se le reclame una indemnización. Los socios privados asumirán todas las cargas financieras y económicas que conlleve el cierre definitivo de una firma que nunca realizó ninguna obra ni gestionó servicios como la grúa municipal, el mantenimiento de las vías públicas y la explotación de varios aparcamientos públicos, tal como se preveía en el concurso.
El acuerdo adoptado implica el cese automático de la municipalización de todos aquellos servicios públicos que se incluyeron en el objeto de esa sociedad mixta. La propuesta se remitirá al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana para que informe, además de que se ordena a la DLP la inmediata retroacción del expediente de disolución para que sea el pleno el que la cierre definitivamente de acuerdo con los informes y auditorías de Intervención. Y se devolverán las garantías a las empresas.
Los informes valoraban en más de 700.000 euros los daños y perjuicios del incumplimiento del ingreso/garantía del canon concesional, mientras otros perjuicios u obligaciones que el ayuntamiento no tiene el deber de soportar no se conocerán hasta la liquidación definitiva. Pero según el acuerdo esos costes serán asumidos por los accionistas privados y nunca por la administración.
