Una circunstancia fortuita acabó de completar la investigación interna del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre la forma de proceder del aparejador detenido, que al parecer tenía una relación profesional ajena al consistorio con el ingeniero que presentaba los proyectos para que se otorgaran las licencias de actividad.
El trabajo que supuestamente realizaron conjuntamente y por el que fueron pillados se tramitó en el consistorio vecino de Manises, donde se instruyó un expediente para ubicar un lavadero a instancias de un particular cuyo proyecto técnico fue redactado por el funcionario implicado, como profesional de libre ejercicio. Y también constaba el ingeniero técnico interviendo en la subsanación de reparos, como «si ambos formasen parte de un mismo equipo profesional», según consta en la denuncia de la alcaldesa.
El modus operandi del funcionario detenido consistía, presuntamente según las investigaciones, en derivar a ciudadanos hacia el despacho profesional del ingenerio con el que tenía una «posible connivencia». Algunos vecinos que acudían a la Oficina de Urbanismo preguntando por los trámites necesarios para abrir un negocio eran atendidos por el aparejador arrestado, ya que era el encargado de emitir los informes en esos expedientes. Cuando volvían para presentar la documentación necesaria para obtener la licencia del negocio, el proyecto venía suscrito por el ingeniero implicado, que no tenía sede en Quart, lo que extrañó al personal, pues hay otros profesionales que sí trabajan en el municipio.
También se detectó que después de asumir la redacción de un proyecto para una empresa, algunos técnicos desistían y aparecía como nuevo encargado del trabajo el ingeniero implicado. Dada la crisis económica y la reducción en la solicitud de licencias de actividad, era sospechoso que alguien renunciara una vez logrado el encargo.
Asimismo el arquitecto técnico investigado gestionaba con más rápidez los informes, en casos similares, si actuaba en el expediente el ingeniero con el que posiblemente compartía equipo profesional. Así, por ejemplo, hay casos de una licencia para la apertura de una cafetería, en los que si el proyecto lo redactaba el ingeniero detenido, éste informaba en 60 días mientras que si lo redactaba otro técnico se tardaban 288 o 110.
