El alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha remitido una orden de ejecución al dueño del palacete que diseñó el arquitecto Cortina para que en el plazo de una semana aplique medidas que eviten un mayor deterioro del muro perimetral o incluso el desplome de algún elemento como los capiteles.

Esta medida, que Ros comunica a iniciativa de la concejala de Urbanismo Inma Amat, se ha adoptado a raíz de la inspección técnica realizada en el recinto el pasado septiembre. El llamado chalet Giner-Cortina es Bien de Relevancia Local desde hace años aunque esta medida de protección no ha evitado su grave deterioro.

El inmueble ha estado inmerso en un largo proceso administrativo y judicial de órdenes de ejecución, recursos y alegaciones que ha provocado que en este tiempo no se haya adoptado ni una sola medida eficaz contra su destrucción. El deterioro más importante está causado por años de abandono y expolios, y dos graves incendios.

El vallado principal de la parcela, que recae a la calle Gómez Ferrer, está formado por muretes de mampostería formados en su extremo inferior y con una verja de cerrajería modernista flanqueada cada paño por pilastras rematadas con un capitel. En ese tramo existen dos puertas principales elaboradas todas ellas con cerrajería similar a la del vallad, que es uno de los elementos más valiosos.

Los técnicos realizaron una inspección en la que comprobaron que la mayoría de las pilastras de ladrillo macizo que componen el vallado perimetral «se encuentran en un estado de conservación deficiente» ya que «del total de 29 pilastras, 15 de ellas se encuentran muy deterioradas». En el informe que han elaborado se alerta además de un posible desplome y se indica que «el signo más evidente» es «el grado de inclinación hacia el interior de la parcela, que puede producir en cualquier momento un colapso de determinadas pilastras». Asimismo, los daños «se advierten en fisuras en su parte inferior y, en particular, en los anclajes de la cerrajería que componen el vallado total como consecuencia del óxido generado». Además, «los capiteles superiores están muchos de ellos prácticamente seccionados del fuste, lo que puede conllevar la caída».

Dada la situación de riesgo que existe, el consistorio da al dueño siete días para desbrozar la parcela, al menos en una franja de tres metros del muro, así como retirar todos los elementos susceptibles de caerse, entre ellos los capiteles. La orden dice expresamente que deberán desmontarse «con las máximas garantías, custodiándose dicho material en los almacenes municipales para su posterior colocación», una vez se acometa la restauración. Asimismo, el dueño ha de preconsolidar los paramentos de mampostería, apuntalar todas las pilastras inestable con «sopandas, puntales y durmientes, con un anclaje a suelo» , y todo ello desde el interior de la parcela.

El ayuntamiento ha estimado que todas estas medidas tendrán un coste de 11.000 euros.