La Policía Local de Meliana ha anunciado que dejará de ejercer funciones que no le correspondan según la ley a no ser que el nuevo alcalde de Compromís, Josep Riera, les pague las productividades a las que se comprometió el anterior gobierno del PP. El pasado 9 de octubre los agentes registraron un documento en el que le «solicitaban» a Riera que «en el plazo de diez días cumpla lo pactado verbalmente y se nos ingrese el dinero adecuado». Si no es así, indica la Policía, «nuestras funciones se ceñirán a lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la merma que de cara al ciudadano conllevaría, y que desde este colectivo no nos gustaría que llevara a no atender sus necesidades, debido a la falta de efectivos, que esta situación no nos deja más remedio que acatar».

En declaraciones ayer, el alcalde explicó que había solicitado al jefe de la Policía Local un informe para poder valorar la situación de los agentes. Así las cosas, aseguró que, a tenor de la información de la que ya dispone, «el tono del escrito que nos presentaron no es el correcto». Riera subrayó además que «el contenido de la promesa del anterior gobierno no está plasmado ni recogido en ningún documento, ni siquiera cuenta con una valoración presupuestaria». Aún así, el edil quiso dejar claro que su gobierno «valora muy positivamente la labor que hace la Policía Local de Meliana y van a cobrar todo el trabajo que hagan». «Pero ahora estamos redefiniendo los criterios», subrayó.

¿Cuáles son estas funciones que la Policía Local dejará de ejercer si el ayuntamiento no le paga las productividades que reclama? Cursos de autodefensa, charlas sobre seguridad vial en los colegios, participación en la feria local o la actualización de las redes sociales. «Pero también vigilancia y seguridad de eventos extraordinarios y de ciertos de las fiestas patronales o las fallas», según explicaron ayer fuentes de la delegación del personal funcionario.

Según explicó ayer el exalcalde y portavoz del PP, Pedro Cuesta, fue a finales de 2014 cuando se llegó a un acuerdo «verbal» con la Policía para abonar gratificaciones por productividad a los agentes, siempre tras el preceptivo informe del jefe del servicio. Estas gratificaciones se concederían por la participación de la Policía en actividades no establecidas en la Ley. En base a aquel acuerdo, el PP pagó una parte de las gratificaciones en abril, correspondientes al primer trimestre de 2015. El siguiente pago de productividades debería haberse ingresado en julio, ya con la coalición Compromís-PSPV en el gobierno.

En su escrito, la Policía recuerda que se reunió con Riera a primeros de septiembre y allí le trasladó al edil «determinadas preocupaciones que sobrevolaban por el departamento». Una de estas preocupaciones era la de la «remuneración pendiente desde julio solicitada por el jefe de la Policía en cuanto a una gratificación por productividad».

Según los agentes, Riera se comprometió a ingresar esas productividades en la nómina de septiembre. El alcalde, por contra, afirma que les dijo «Sólo queremos transmitirle el malestar creado por sus decisiones y lo que para nosotros es más grave, el menoscabo del servicio ciudadano que sus decisiones crearán si no se enmiendan», advierten los policías en su escrito a Riera.