Cerca de un centenar de vecinos participaron en la marcha promovida por entidades ciudadanas desde Torrent y El Vedat hasta la partida de la Contienda de Torrent, para realizar una inspección visual desde el exterior de las instalaciones de la planta de residuos. En la visita, se realizó un repaso al historial de informes de la planta desde sus inicios.

Los organizadores consideran que «las conclusiones saltan a la vista» ya que «ésta no es una instalación modélica como nos vendieron las autoridades locales del momento». Los manifestantes insisten en que «se trata de un vertedero de residuos de toda clase, incluso urbanos, acopiados sin clasificar, que conforman una montaña de cerca de 25 metros».

La empresa que lo gestiona, ahora en concurso de acreedores tiene como accionistas a un numeroso grupo de empresas de la construcción. Los participantes en la marcha consideran que la firma «ha incumplido la mayoría de las condiciones impuestas por las autorizaciones para operar» por lo que «el único camino posible es su clausura definitiva», como recogen la Declaración de Interés Comunitario, la Autorización Ambiental Integrada y la Licencia de obras y actividad.

Los vecinos opinan que la empresa «es una infractora de los requisitos de las autorizaciones y una deudora a la hacienda local». Por ello, protestan porque tanto las autoridades autonómicas como las locales «consientan esta acumulación de ilegalidades».

Para los manifestantes, instalar la planta en suelo no urbanizable de uso agrícola fue «el primer gran error» que puso de manifiesto «el desprecio por el medio natural y agrícola, al permitir a los promotores el acceso a suelo más económico, en vez de obligarles a ubicarse en un polígono industrial donde es impensable que se hubiera dado la situación actual». También creen que las instituciones han menospreciado a las persones que viven en la partida y a los labradores «sometiéndoles a las incomodidades, impactos y toxicidades de su proceso».

Para las asociaciones, otro gran error fue «realizar informes favorables para su puesta en marcha» porque «es una actividad molesta, nociva y insalubre, y peligrosa por riesgo de incendio». El grupo insiste en que desde que en mayo de 2013 ardió el montón de residuos, la combustión no ha cesado, «declarándose incendios con llamas a la más mínima entrada de oxígeno» ante los que la administración no ha actuado.