El Ayuntamiento de Alboraia ha requerido a Mercado de Construcciones SA, propiedad del empresario Bautista Soler y actualmente en concurso de acreedores, el pago en un plazo de veinte días de 2,52 millones de euros en concepto de excedente de aprovechamiento por el proyecto de reparcelación del PAI Vera-2, que supuso la construcción de cientos de viviendas en la playa de la Patacona.
Así lo ha acordado la Junta de Gobierno Local siguiendo los términos de una sentencia del Contencioso-Administrativo del 29 de julio de 2014 que establece un pago al ayuntamiento por parte de Soler de 6,68 millones de euros en concepto de excedentes de aprovechamiento, a los que hay que descontar 4,16 millones que la empresa ya ha ido cediendo en los últimos años. El excedente de aprovechamiento es la cesión de derechos que ha de realizar el agente urbanizador a la adminstración pública por desarrollar un proyecto, ya sea en forma de dinero o terrenos.
En octubre de 2004, el pleno de Alboraia, gobernado entonces por el popular Manuel Álvaro, aprobó el proyecto de reparcelación por el PAI Vera-2, y se acordó una valoración del 10 % de aprovechamiento tipo a favor del consistorio de 2,74 millones de euros, considerando un valor por metro cuadrado de 163,91 euros. La empresa de Soler satisfizo la contraprestación mediante cuatro pagos en metálico por un total de 1,83 millones, y un pago en especie valorado en 871.468 euros. Este segundo pago corresponde a la asunción del coste de un campo adquirido por el ayuntamiento para hacer una residencia, operación que fue investigada por la fiscalía y que ha derivado (junto a otros asuntos) en la causa abierta contra Manuel Álvaro en el juzgado número 1 de Moncada.
Un grupo de propietarios afectados por el proyecto presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario que se resolvió en septiembre 2007 de una forma sorprendente: el juzgado anuló el acuerdo fundamentándose, entre otros motivos, en que el precio del aprovechamiento de 163.91 euros por metro cuadrado que había establecido el gobierno local del PP era «notablemente inferior al valor de metro techo de 898 euros por metro cuadrado». Es decir, el gobierno popular de Alboraia había valorado a la baja el suelo, favoreciendo así notablemente al agente urbanizador.
En diciembre de 2010 la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirmó la anulación del acuerdo impugnado, no sólo por minusvalorarse el precio del suelo, sino porque la afectación del 10 % del aprovechamiento no se destinó „tal como requiere la ley„ al Patrimonio Municipal del Suelo sino a la financiación de inversiones. En mayo de 2011 la junta de Gobierno que presidía en funciones Manuel Álvaro requirió a Soler para que en dos meses presentara un nuevo proyecto de reparcelación, aplicando la valoración de 898 euros por metro cuadrado establecida por el juzgado.
Contrapropuesta muy a la baja
El urbanizador presentó en abril de 2012 otra valoración: 198,94 euros el metro, con lo que tendría que pagar 3,3 millones por los aprovechamientos, además de cuantificar lo que ya había entregado en 4 millones de euros. El entonces gobierno cuatripartito rechazó la propuesta y exigió los 15 millones que le correspondían según la valoración establecida por el juez. Mientras, la batalla judicial entre Soler y los propietarios no se había agotado y en julio de 2014 el TSJ estableció la cantidad definitiva que debería recibir el ayuntamiento por los aprovechamientos del PAI Vera-2: un total de 6,68 millones a los que habría que descontar los 4,1 millones que Soler ya había pagado.
El consistorio ha establecido destinar este dinero a la construcción de vivienda pública. Pero la concejala de Urbanismo, Ana Bru (PSPV) admitió ayer que vista la situación de Mercado de Construcciones (en suspensión de pagos) dificilmente el consistorio recibirá ese dinero, pero no descarta la posibilidad de que pueda cobrárselo «en especie» con alguno de los inmuebles en la propia Patacona.
