El aulario de idiomas que existe en Torrent desde el año 2008, dependiente de la escuela oficial de Quart de Poblet «es totalmente alegal», según defiende el gobierno local socialista, ya que «no existe un expediente en el que se refleje una petición del ayuntamiento a la conselleria ni al revés». Por este motivo, la concejala de Educación, Patricia Saéz Orea, ha presentado al Consell Escolar una propuesta que pretende iniciar el proceso administrativo para legalizarlo y para que «asuma su coste la Conselleria de Educación, que tiene la competencia por ley».
En la propuesta, Sáez recuerda que Torrent tiene 80.000 habitantes y está declarada como Gran Ciudad, además de que desde el año 1989 se viene reclamando una Escuela Oficial de Idiomas en el informe de escolarización, ratificado después por los órganos competentes. Además, la edila añade que el actual aulario «cuenta con gran aceptación» y ha ido creciendo hasta alcanzar los más de 800 alumnos en este curso.
Por todo ello, Patricia Sáez pide el respaldo del Consell Escolar Municipal para solicitar a la conselleria la creación de una escuela oficial de idiomas en Torrent de pleno derecho „no un aulario„ y pone a disposición del Consell las instalaciones que sean necesarias. Para ello, se ofrecería la actual sede en el edificio Montecarlo y el inmueble de la calle San Cayetano «para que sea la conselleria la que decida cuál es el más adecuado».
Sáez insiste en que el ayuntamiento sólo tiene competencias en educación infantil y primaria mientras que corresponde al Consell costear íntegramente tanto la secundaria como las escuelas de idiomas. Pero hasta la fecha «Torrent ha gastado casi un millón de euros entre alquileres, adecuaciones, luz, agua, conserje y otros gastos, que no le corresponden».
«Con la complicidad de Català»
La concejala ha criticado que «la anterior alcaldesa Folgado y la concejala Benavent gastaron todo ese dinero en un aulario que es alegal, con la complicidad de la consellera Català, porque no se han seguido los procedimientos para su creación y porque tampoco existe constancia documental». Por ello, indica que ahora realizará «un proceso legal y transparente» que pasará por el Consell Escolar y posteriormente por el pleno, para ser remitida después la petición a la conselleria. «Al final se trata de solucionar otro lío más de los que nos ha dejado el PP tanto en el ayuntamiento como en la conselleria».
