El juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha admitido la demanda presentada por la promotora inmobiliaria Quabit contra el Ayuntamiento de Alboraia y la mercantil municipal Egusa por «incumplimiento» del acuerdo para desarrollar un proyecto urbanístico en la zona de Port Saplaya.
La firma heredera de parte de los activos de la antigua Astroc, fundada por el empresario valenciano Enrique Bañuelos, adelantó al consistorio (con quien formó una sociedad mixta llamada Alboraia Marina Nova en 2006 y que a día de hoy sigue vigente) 23,4 millones de euros por los «beneficios futuros» de la urbanización que suponía la construcción de mil viviendas, hotel, auditorio y un embarcadero, además de obligar a trasladar el centro comercial Alcampo a una zona de huerta.
El pasado agosto, y al mismo tiempo que anunciaba la demanda y exigía la devolución de los 23,4 millones más los intereses, Quabit afirmaba que en el primer semestre del año había vuelto a los «números rojos» e identifica ba como uno de los lastres de su cuenta de explotación la deuda que aún mantiene con la mercantil el consistorio alborayense.
Tras la admisión de la demanda, el gobierno local que preside Miguel Chavarría (PSPV) ha presentado un escrito en el que se justifica la paralización del Plan de Reforma Interior (PRI) UE-2 en la situación de crisis económica y, sobre todo, en que la propia Generalitat desbarató los planes diseñados por Astroc y el anterior ejecutivo local del PP al declarar protegida la huerta de Vera a la que debía trasladarse el centro comercial para poder desarrollar en su lugar la marina.
«Le hemos dicho al juez que en ningún momento hemos actuado con mala fe „explicó ayer a Levante-EMV el alcalde„. El PRI está aprobado y nosotros estamos dispuestos a desarrollar el proyecto, aunque con menos inmuebles, pero habrá que esperar a que la economía cambie de rumbo y las condiciones sean lo más favorables posibles». El gobierno local «comprende» que Quabit reclame la devolución de los 23,4 millones que adelantó al anterior gobierno del PP y que éste destinó a obras como el soterramiento del metro y a gasto corriente. Pero también recuerda que la situación económica del consistorio (es, desde hace años, uno de los municipios valencianos más endeudados) imposibilita actualmente la devolución de ese dinero.
El plazo se agotó en 2014
En su demanda, el Grupo Mediterráneo Costa Blanca S.L. „filial participada ahora al 100 % por Quabit y encargada de desarrollar la citada actuación urbanística„ recuerda que firmó en 2006 un acuerdo con Egusa para desarrollar el proyecto de urbanización antes de 2014 y que por ello había adelantado los 23,4 millones en concepto de beneficios futuros.
A partir de febrero de 2014 (fecha desde la que Quabit exige los intereses devengados del dinero que le entregó al ayuntamiento) y pese a avisar que iba a reclamar su devolución por la vía legal, la mercantil privada inició conversaciones con su socia pública para buscar una «salida negociada» al conflicto. En abril el ejecutivo local ya «puso sobre la mesa» ante Quabit la imposibilidad de devolver ese dinero.
«Hay que buscar soluciones porque hay muchas partes implicadas y no queremos que nadie salga perjudicado: ni la zona comercial (que es también propietario de terrenos en el PRI), ni la urbanizadora ni el municipio. Pero las cosas han cambiado mucho y hay que tener nuevas perspectivas de sostenibilidad y viabilidad», advertía ya entonces la concejala socialista Ana Bru.
