La exalcaldesa de Torrent, la popular Amparo Folgado, y ocho concejales de su equipo de gobierno no cometieron prevaricación administrativa en las decisiones que adoptaron respecto a la empresa gestora del Parc Central, según ha establecido el juzgado que tramitaba la querella interpuesta por esa firma. Un auto, que ha sido notificado a las partes esta misma semana, ha archivado la querella por la que se imputó a Folgado y a toda la Junta de Gobierno Local al completo, en los meses previos a las elecciones.
Según han confirmado fuentes de la empresa Gaia, el juez ha decidido archivar el asunto al considerar que las diferencias entre el consistorio y la gestora debían dirimirse en el terreno de lo contencioso-administrativo porque no eran materia penal. El auto no se pronuncia, por tanto, en los detalles de las acusaciones que formuló la firma.
El consejero delegado de Gaia, Marcos Fernández, explicó ayer que la intención de la empresa es no recurrir «porque desde que cambió el gobierno se ha recuperado el diálogo y no se da esa situación que entendíamos de abuso de poder, con decisiones más allá del marco del contrato».
Fernández recordó además que ya se tramitaban diversos contenciosos-administrativos entre el consistorio y la empresa „algunos todavía por resolver„ por lo que consideran en ese terreno pueden defender los asuntos que consideren. El consejero delegado valoró que en el momento en que se interpuso la querella «era la única salida que veíamos para defendernos». Con todo, «una vez recuperado el diálogo», reconoce que todo aquel proceso de enfrentamiento de dos años con el anterior gobierno local popular «hizo mucho daño a todos, a nosotros, al ayuntamiento, a los clubes y a los usuarios», por lo que confía en resolver de una vez el conflicto.
El origen de la crisis fue el impago por parte de la empresa concesionaria „que explotaba la instalación desde 2004„ del canon anual de 2013 y posteriormente de 2014 y 2015. Uno de los episodios de mayor tensión se produjo cuando la firma decidió impedir la entrada a los clubes que utilizaban las instalaciones „natación, fútbol y atletismo, básicamente„ si no pagaban por ellas. «Al menos aquello sirvió para empezar a corregir cosas y finalmente ya estamos estableciendo la compensación que corresponde», concluye.
