Un juzgado de Paterna ha archivado la causa abierta contra el exconcejal de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Burjassot, José Blanco, acusado de delitos de acoso sexual y coacciones. El juez acuerda esta medida al entender que no ha quedado acreditada la comisión de una infracción penal merecedora de reproche penal.

Blanco, de 60 años, fue detenido hace un año, en octubre de 2014, por presunto acoso sexual a una asesora y coacciones. Tras pasar a disposición judicial y prestar declaración, eludió la prisión provisional tras depositar una fianza de 30.000 euros.

La jueza entonces abrió una causa por supuestos delitos de coacciones y acoso sexual y, junto a la prisión eludible con fianza, impuso a Blanco --representado por el letrado Gonzalo Pérez Mora, del despacho de Pedro Nácher-- la prohibición de acercamiento a su entonces asesora durante el tiempo en que durase el procedimiento.

A su salida de los juzgados el mismo día en que fue detenido, una persona que acompañaba a Blanco pidió a los medios de comunicación "respeto" por la presunción de inocencia y que se evitasen "juicios paralelos". También adelantó que "pronto" saldría "la verdad a la luz" y se demostraría que el entonces edil era "inocente".

Tras conocerse el arresto, Blanco decidió renunciar a sus cargos en el consistorio de Burjassot y se apartó temporalmente de su militancia para centrarse en su defensa. El exedil se ha visto sometido a un año de investigación judicial, con dos acusaciones personadas, hasta que el juzgado ha entendido que no existían pruebas de cargo contra él.

El auto judicial, dictado con el acuerdo favorable del ministerio fiscal, entiende que no hay motivos para mantener abierto por más tiempo el procedimiento contra Blanco. "No existen elementos suficientes ni pruebas que puedan conllevar a la inculpación" de una infracción por coacciones de Blanco.

El letrado de Blanco ha recordado el "gran sufrimiento" que ha sufrido su representado por haberse visto denunciado por unos hechos que "nunca" cometió. En esta línea, ha señalado la "necesidad" de que los juzgados y tribunales acuerden de oficio la persecución de los falsos denunciantes para evitar el uso indebido de la jurisdicción penal.